Los servicios jurídicos de ASAJA de León, que representaban a un grupo de 39 ganaderos, rechazaron la propuesta de convenio en la Junta de Acreedores de la Suspensión de Pagos de Industrias Rofer S.L., que se ha visto hoy en los Juzgados de León, por lo que la empresa ha quedado en situación de quiebra técnica. La empresa lechera mantiene deudas con unos 140 ganaderos, por un importe de unos 700.000 euros.

La organización agraria ASAJA quiere dejar claro que, contrariamente a lo indicado en el día de hoy por representantes de la Junta de Castilla y León, no se ha presentado ninguna propuesta medianamente seria y con las más mínimas posibilidades de éxito para reflotar la industria quesera. Esta el la fundamental razón por la que la mayoría de los ganaderos y otros acreedores no aceptaron un convenio en el que se proponía una importante quita que no garantizaba en modo alguno ni la continuidad de la empresa ni el cobro del resto de la deuda.

Los servicios jurídicos de ASAJA tratarán de que los ganaderos puedan resarcirse de parte de la deuda, aunque se antoja del todo difícil ya que legalmente hay otros colectivos, entre ellos los propios empleados, que tienen prioridad a la hora de cobrar. Además, existen préstamos especialmente protegidos que serían los primeros en satisfacerse.

La situación en la que se quedaron muchos ganaderos, todos de economías muy modestas propias de explotaciones familiares pequeñas, ha sido un duro bache de pasar cuando se ha sucedido además una situación de bajada generalizada del precio de la leche y subida de los piensos y otros medios de producción. La crisis que han sufrido estos ganaderos, la mayoría de zonas de montaña, se ha traducido en un masivo abandono de explotaciones tanto por la vía de las jubilaciones anticipadas como por la de ocuparse como asalariados en otras actividades.

ASAJA desconoce si la Junta de Castilla y León ha hecho el esfuerzo suficiente para ayuda a reflotar la empresa, una empresa que llegó a esta situación por una mala gestión empresarial que se podría calificar como mínimo de temeraria, pero en todo caso, la organización agraria entiende que desde los poderes públicos no se pueden estar alentando falsas expectativas sobre un proyecto que ya está totalmente fracasado.