Según los datos facilitados por la Dirección General de Industrialización y Modernización Agraria de la Consejería de Agricultura y Ganadería, en el transcurso de este año se han presentado en Castilla y León 1946 expedientes de solicitud de ayudas sobre la base del Real Decreto 613/2001 que regula la mejora de las estructuras agrarias (incorporaciones al sector agrario, planes de mejora, etc.), esta cantidad significa un incremento de casi el 4% sobre los presentados el año 2003 (1874). A los presentados en el año 2004 hay que sumar los 541 expedientes presentados el año pasado y que aún están pendientes de resolver, por lo tanto la cantidad de peticiones que deberían ser instruidas y resueltas este año ascienden a 2487.

Para esta COAG, siendo muy importante la cuantía de las ayudas para la mejora de las estructuras en las explotaciones agrarias, la última prueba sobre dicha cuestión es la insistencia mantenida ante las instituciones para que se adapte la normativa estatal a la reglamentación comunitaria, que incrementaba tanto el porcentaje de ayuda sobre la inversión en algunos casos como importe en otros, sin embargo, considera, de vital importancia, para el colectivo agrario que los expedientes sean instruidos y resueltos por la Administración Regional Agraria, al ser posible, en el mismo año de presentación, pues es injustificable que de los 553 expedientes pendientes en el año 2003, aún continúen en la misma situación administrativa 541.

Con objeto de corregir el bloqueo administrativo existente en esta materia, desde COAG, se considera imprescindible que se dote a los Servicios Territoriales y Centrales de la Consejería de Agricultura y Ganadería de los medios humanos y materiales necesarios, pues no puede permitirse, por más tiempo, que desde la presentación del expediente hasta que el agricultor y/o ganadero perciba la ayuda otorgada transcurran varias anualidades.

Para esta Organización, de mantener la Administración Regional Agraria la política que se denuncia, difícilmente, podrá la Junta de Castilla y León cumplir los compromisos electorales, incorporación de 1000 jóvenes por año, y, además, podría servir de freno para que el colectivo agrario continúe con la mejora y modernización de las estructuras agrarias en las explotaciones.