El proyecto del decreto con el que la Junta de Castilla y León quiere regularizar a las explotaciones ganaderas de la región ubicadas en cascos urbanos responde, en opinión de ASAJA, a unas premisas excesivamente restrictivas que dan la espalda a la realidad del sector en nuestra Comunidad Autónoma, compuesto mayoritariamente por pequeñas explotaciones familiares a las que, de aprobarse esta normativa en sus términos actuales, se “invitaría” a desaparecer.

Para evitar esta “reconversión a golpe de decreto”, ASAJA entiende que, en primer lugar, hay que ampliar esta regularización a aquellas explotaciones que radiquen en localidades de hasta 10.000 habitantes (en lugar de los 1.000 marcados en el borrador) o cualquier cifra superior siempre que así lo estableciera por acuerdo plenario el ayuntamiento competente. Igualmente, ASAJA considera que las cifras de capacidad ganadera, que el borrador de decreto establece, tomando como referencia el bovino, en 30 Unidades de Ganado Mayor si están en casco urbano, y 75 UGM si es en casco peri urbano, deberían duplicarse (es decir, a 60 UGM y 150 UGM de bovino, respectivamente). En el caso de la capacidad ganadera también debería tener potestad el ayuntamiento para que, en función de los intereses locales, poder aumentar el número de UGM.

Otro punto de conflicto es que para regularizar la mayoría de las explotaciones se quiere exigir una memoria redactada por un técnico competente. ASAJA estima que hay que valorar que esto supondría un coste importante para el sector, de alrededor de 300 euros. ASAJA pide que las memorias que tengan que ser redactadas por técnicos sean las menos posibles y se limiten para casos excepcionales, y que en la mayoría de los casos valga con una memoria elaborada y firmada por el propio titular de la explotación, una gestión en la que podrían prestar una importante labor de asesoramiento los técnicos de las OPAS.

Respecto al Plan de Gestión del Estiércol, por el que se exigirá a los ganaderos que depositen en un estercolero los residuos antes de distribuirlos en las fincas, ASAJA pide que la normativa prevea la posibilidad de que se arbitren ayudas, de la Administración autonómica y de las locales, para desarrollar estercoleros colectivos. De este modo se evitaría el impacto ambiental que supondría la multiplicación de estercoleros individuales, y también la multiplicación de costes para los ganaderos. Por ejemplo, las administraciones locales podrían proporcionar terrenos de titularidad pública, que en muchos pueblos existen, para que se depositara el estiércol de forma ordenada.

Por otra parte, una vez obtenida la licencia, pedimos que quede la puerta abierta para posibles ampliaciones según los casos, ya que habrá explotaciones que, por la situación personal del ganadero y las características de la explotación, no moleste a nadie que se pueda permitir un aumento del número de animales. En el caso de zonas peri urbanas, ASAJA exige que se pueda ampliar la granja de forma ilimitada para garantizar su viabilidad económica, siempre que el ayuntamiento manifieste su conformidad.

En todo caso, ASAJA quiere expresar su absoluto rechazo a que se limite la licencia de la actividad a 8 años. “La licencia tiene que ser definitiva, y tampoco estamos de acuerdo con que se limite a la vida laboral del titular: hay que ampliarla a la de su cónyuge, ya que es habitual que se haga cargo de la explotación la mujer cuando se jubila el marido, y a descendientes y familiares hasta el tercer grado de consaguinidad”, subraya la OPA.

ASAJA recuerda que el único referente que puede tenerse en cuenta en el capítulo de regularización de granjas es el gallego, por tener un sector ganadero también volcado en la explotación familiar. Y en Galicia se ha declarado una amnistía prácticamente total, admitiéndose la regularización de todas las granjas sin apenas papeleo ni trabas burocráticas.