Valencia, 14 de abril de 2005. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) valora los avances en recuperación y gestión de bosques, así como de prevención de incendios forestales, que el Centro de Estudios Agrícolas del Mediterráneo (CEAM) ha publicado en el libro “Avances en el estudio de la gestión del monte valenciano”, presentado el pasado martes 12 de abril, al considerarlos “fruto de un esfuerzo tremendamente meritorio, a la altura de los profesionales del Centro, y valiosísimos para la conservación de nuestro patrimonio natural”
Sin embargo, la organización agraria también destaca que “desde la Administración autonómica no se ha legislado adecuadamente para proteger los derechos de los propietarios forestales, que ven reducida injustamente la capacidad de aprovechamiento de sus propias tierras”, denunció Aguado, quien apuntó que “el 90% de la masa forestal de la Comunidad Valenciana está en manos privadas, y son precisamente sus dueños los mayores interesados en su conservación, algo que la Conselleria de Territorio debería reconocer adecuadamente”.
El presidente de AVA declaró que “el avance científico para proteger el monte es imprescindible, pero se quedará cojo si la Generalitat no empieza a legislar a favor de los propietarios, en primer lugar, regulando adecuadamente los usos recreativos del monte”. En este sentido, la organización agraria se mostró insatisfecha por la “escasa” protección que la Administración brinda a la propiedad privada frente a cualquiera que pueda dañar o alterar significativamente los bosques.
Al mismo tiempo, AVA reclamó una flexibilización de la normativa que regula los usos y aprovechamientos de los terrenos forestales comprendidos dentro de Parques Naturales u otras figuras de protección, ya que “es injusto que se castigue a los propietarios que se han preocupado por conservar y cuidar sus montes, prohibiéndoles actuaciones cuya incidencia en el medio ambiente es insignificante”, criticó Aguado, quien añadió que “la construcción de pequeñas infraestructuras, o el desarrollo de una actividad agraria concreta y limitada, apenas provocaría daños y supondría un paso importante a la hora de reconocer los derechos de los propietarios”.
Por último, la organización agraria criticó que las seis líneas de ayudas que actualmente otorga la Conselleria de Territorio para la conservación de masa forestal, además de tener plazos demasiado amplios y concederse tarde, dependen del mismo presupuesto, lo que las hace más inestables. “Al final el dinero que recibe una línea acaba dependiendo de otras con las que no tiene mucha relación y que además son muy variables de año en año, como las ayudas a la reforestación, que son más o menos solicitadas según haya habido muchos incendios ese año o no”, apuntó Aguado.
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