Mientras los agricultores y ganaderos intentan sobrellevar las pérdidas que la sequía ha ocasionado en sus producciones, en el Ministerio de Agricultura se trabaja estos días para asestar “el golpe de gracia”, al sector, la aplicación del artículo 69 del reglamento comunitario que regula la última reforma de la PAC, y que faculta a los Estados miembros a retener hasta un 10 por ciento de las ayudas directas percibidas por el sector.

Aunque todavía no se sabe cuál será la propuesta definitiva del equipo de Elena Espinosa y Fernando Moraleda, parece ser que la intención del Ministerio es determinar estos porcentajes de recorte por sectores (herbáceos, leguminosas, vacuno, tabaco…). Previsiblemente, el 11 de julio se celebrará una conferencia sectorial con las Comunidades Autónomas, de la que saldrá la decisión definitiva, puesto que el plazo con el que cuenta España para aclarar su posición en este tema concluye el 1 de agosto.

ASAJA una vez más expresa su total rechazo a la aplicación del artículo 69, más injusta ahora que nunca, con un sector que no deja de acumular pérdidas (sequía, gasóleo, fertilizantes…), con los recortes de la PAC que han comenzado esta campaña y con el presupuesto comunitario congelado. El caso de nuestro país, además, es muy diferente del de los pocos países que hasta el momento han acatado este polémico artículo, como Italia, Suecia o el Reino Unido, puesto que en ellos se ha aplicado el desacoplamiento total, y los productores tienen libertad total para decidir el rumbo de sus explotaciones. “Pero aquí, por lo visto, el Ministerio está decidido a intervenir todo lo posible en la vida de los agricultores y ganaderos, como si fueran menores de edad, sometiéndoles al acoplamiento y al artículo 69 o eliminando el mercado de cuota láctea”, denuncia ASAJA.

Otra duda que plantea la aplicación de este artículo es que no queda claro en el reglamento comunitario el destino de estos fondos (en el texto sólo se apunta que será para actividades agrarias que “aseguren el medio ambiente o la mejora de calidad y la comercialización de productos agrícolas”). Esta falta de concreción puede derivar en que ese dinero recortado de las ayudas del sector se utilice después atendiendo a criterios políticos, como ya se ha visto en el Plan de Reestructuración lechero, que ha favorecido directamente al tipo de explotación gallega, justo cuando se celebraban elecciones en esa autonomía. “Son muchos los motivos que existen para que el Ministerio de Agricultura no aplique el artículo 69, totalmente lesivo para los agricultores y ganaderos de Castilla y León”, concluye ASAJA.