Francia acordó entre 1991 y 2002 una ayuda nacional para el sector de frutas y hortalizas, encuadrada dentro de los planes anuales de campaña. Ahora, la Comisión Europea está investigando la legalidad de esta ayuda.
El conjunto de ayudas incluía una medida destinada a contener la oferta excedentaria de frutas y hortalizas francesas en el mercado interior para el sostenimiento de los precios, una ayuda al almacenamiento temporal, la destrucción de productos y una ayuda a la transformación. También se concedieron subvenciones para fomentar la venta de productos franceses fuera de la UE, en períodos de crisis. Se calcula que el montante total fue de unos 50 millones de euros al año.
La administración francesa cuenta con un periodo de un mes para presentar la información que considere oportuna para justificar estas ayudas. La Comisión dictaminará al respecto, en un plazo de 18 meses. Si finalmente, las ayudas resultan ilegales, los beneficiarios tendrán que devolverlas, intereses incluidos.
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