La Secretaría de Agricultura de Argentina ha informado sobre los resultados de una encuesta realizada sobre las declaraciones que deben realizar los agricultores sobre la semilla que utilizan de trigo, soja y algodón; una medida tiene como fin el prevenir el uso de semilla clandestina. El Instituto Nacional de Semillas INASE ha enviado hasta el momento un total de 8.000 cartas en distintas etapas, que han sido respondidas en un 50 % de los casos.

En base a una encuesta sobre las 800 primeras respuestas recibidas, un 67% de los productores justifica el uso de semillas de soja dentro del marco legal. De estos, un 24% justifica el uso de semilla fiscalizada) (certificada) y un 43% semillas de reempleo dentro del marco legal. .

No cabe deducir de esto que el 67% de la siembra de soja de Argentina sea legal, ya que cabe pensar que dentro del 50% que ya ha respondido a la encuesta habrá un mayor porcentaje de cumplidores de la legalidad que los que aun no lo han hecho.

En Argentina, país puntero en cuanto a tecnología agraria, se da paradójicamente un amplio uso de la semilla de reempleo y clandestina, denominada «de bolsa blanca», que elude el pago de royalties o regalías, en el caso de semillas protegidas con derechos de obtentor. Este uso ilegal se da en las especies que la genética lo permite, como es precisamente el caso de cereales de otoño-primavera y, sobre todo de la soja.

En el caso de la soja, se mezcla además esta cuestión con el hecho de que se trata principalmente de soja OMG de tecnología de Monsanto, y con los problemas que está habiendo con esta empresa por la imposibilidad de cobrar los derechos de obtentor de semillas que son clandestinas.

Monsanto decidió a principios de 2004 abandonar su negocio de semillas de soja en Argentina por su falta de rentabilidad, estimándose entonces más de un 50% de siembras ilegales. Por otra parte se han sucedido sin éxito intentos para que se puedan cobrar los derechos de propiedad intelectual.