Indefensos e indignados, así se sienten los ganaderos salmantinos después de que, esta misma mañana, el director general de Producción Agropecuaria, Baudilio Fernández-Mardomingo, contactase telefónicamente con el presidente provincial de ASAJA, Vicente de la Peña, para transmitirle la suspensión de la mesa ganadera que iba a celebrarse mañana en la Delegación Territorial de la Junta.

Resulta vergonzoso comprobar el escaso interés demostrado, reiteradamente, por parte de la Junta a la hora de dotar de agilidad a una campaña de saneamiento en la que ni siquiera son capaces de presentar en tiempo y forma los resultados de una primera vuelta y la evolución de la vacunación cuando llega la hora de hacer balance.

ASAJA Salamanca no se ha sorprendido demasiado ante este aplazamiento ya que no es la primera vez que se produce por el retraso administrativo en la elaboración del balance estadístico. Aún así, los datos que se presentan siempre son de escasa fiabilidad, sesgados e incompletos, con la consiguiente falta de transparencia para evaluar, a posteriori y con objetividad, la evolución de la brucelosis y la tuberculosis en la provincia.

Es un requisito imprescindible que la Junta remita a las organizaciones agrarias los datos del saneamiento por municipios, antes de cualquier convocatoria, con el objeto de trabajar sobre una base firme que lleve al debate inteligente en la mesa ganadera. De nada sirve que Fernández-Mardomingo avance aquellos en rueda de prensa antes incluso de que los propios afectados los conozcan, una forma cómoda de evitar entrar en cualquier tipo de polémica o mesa redonda con los ganaderos. Por ello, ASAJA Salamanca exige los datos municipalizados antes de la celebración de la próxima mesa ganadera.

Asimismo, esta organización exige a la Dirección General de Producción Agropecuaria seriedad y verdadera implicación con los problemas de los ganaderos salmantinos empezando por dotar de transparencia, rapidez y seriedad a la mesa ganadera. De no ser así, habrá que ir pensando en un responsable público que esté dotado con una auténtica capacidad gestora en materia ganadera.