Luxemburgo, 2006/09/13. Las zonas rurales se enfrentan a desafíos importantes como la despoblación y la escasez de oportunidades económicas. La contribución de la UE al desarrollo rural durante el período 2000-2006 supera los 60 000 millones de euros. Alrededor de un 40 % de este presupuesto se destina a inversiones en el desarrollo rural. Las inversiones abarcan un extenso abanico de proyectos cuya gestión y ejecución comparten la Comisión y los Estados miembros.

La fiscalización del Tribunal examinó el grado en que las medidas de inversión en el desarrollo rural resuelven de manera eficaz los problemas de las zonas rurales.

La fiscalización concluyó que la flexibilidad del Reglamento sobre el desarrollo rural (objetivos globales, falta de prioridades) y la ausencia de una clara estrategia en los programas de los Estados miembros han llevado a una situación en la que no está claro el objetivo al que ha contribuido el fondo. Los programas de los Estados miembros se concentran en gran medida en el sector agrícola, y no tienen suficientemente en cuenta las características de la zona geográfica destinataria de la ayuda.

Se carece de condiciones efectivas y de procedimientos de selección, de modo que los fondos no se canalizan hacia las zonas geográficas y hacia los beneficiarios más necesitados. Esta falta de orientación de los fondos también implica el riesgo de que se cofinancien proyectos que se habrían llevado a cabo de todos modos.

Al no disponer de ningún análisis de la Comisión, el Tribunal determinó cuantos fondos se emplean dentro o fuera de las zonas rurales. Sobre la base de una muestra representativa de 300 proyectos, constató que una parte significativa del gasto se ejecuta en zonas no rurales. Comparado con el anterior período de programación (1994-1999), el apoyo a zonas rurales descendió de manera significativa.

La principal deficiencia hallada en el sistema de supervisión y evaluación fue que éste no ofrece información suficiente y fiable sobre qué ha sido objeto de financiación y cuáles han sido los logros.

Basándose en su fiscalización, el Tribunal considera que no se han conseguido de manera equilibrada los dos principales objetivos de la política de desarrollo rural; la considerable importancia concedida a la agricultura constituye un riesgo para la consecución del segundo objetivo: contribuir a la cohesión económica y social de las zonas rurales. Para conseguirlo, la Comisión debería colaborar con los Estados miembros para mejorar la eficacia de la política. En este sentido son elementos importantes aclarar los objetivos y asignar fondos a los territorios más necesitados.

Informe Especial nº 7/2006