La Xunta de Galicia acaba de blindar su participación directa en el negocio eólico en un mínimo de un 10%, mientras los propietarios de los solares eólicos siguen cobrando el precio que les marcan las empresas, una media de un 1% hasta el momento (compra, alquiler o expropiación). Según estimaciones de Ventonoso, la concesión de 511 nuevos megawatios eólicos aprobada ayer, supondrá a las empresas beneficiarias unos ingresos brutos anuales de más de 130 millones de €, de los que los 8.000 propietarios eólicos afectados recibirán sólo 1,3 millones de €. La asociación defiende que los habitantes del rural deberían recibir, como mínimo, hasta diez veces más.

La Consellería de Industria obvió de nuevo la petición de Ventonoso (asociación de propietarios de solares eólicos afectados), hecha en un encuentro con el Conselleiro Fernando Blanco el pasado 25 de octubre de 2005 y unas semanas después en otra reunión con los representantes del Instituto de Energía de Galicia (INEGA), para buscar una fórmula que permitiese revertir un mayor beneficio (Ventonoso pide un 10% como mínimo) a los propietarios de los terrenos donde se ubiquen los parques eólicos.

Con esta demanda se pretende conseguir un objetivo claro: la única forma para que los vecinos no abandonen las aldeas es que haya desarrollo rural (mecanismos que permitan complementar las rentas procedentes de la actividad agraria con el fin de conseguir unos ingresos y unas condiciones de vida dignos en el medio rural). Una de las posibilidades para complementar la renta agraria y evitar el abandono es que los habitantes cobren un precio justo por el alquiler de los solares eólicos.

La inexistencia de un marco normativo adecuado en el negocio eólico que genere desarrollo rural, tal como propuso Ventonoso, provoca que no se valoren las propiedades de los habitantes del rural en su justa medida. Las tierras afectadas son solares eólicos que generan unas rentas a los propietarios y a las comunidades de montes vecinales muy por debajo de las posibilidades del multimillonario negocio eólico, que muchas veces incluso acaba en manos de firmas estranjeras sin vinculación económica alguna con el territorio que acoge la instalación de los parques.

El error de la Xunta es priorizar su participación y unos ingresos para si sobre la necesidad del desarrollo rural, la única forma de evitar el abandono en la Galicia interior. Y tiene mayor responsabilidad aún porque es la administración, en general, la que debe crear las condiciones idóneas para socializar los beneficios de la actividad eólica al regular las conesiones y la instalación de los parques y las tarifas eléctricas primadas para la electricidad de origen eólico.

Ventonoso también debe cuestionar que la Consellería de Industria se eriga como juez y parte del negocio eólico, puesto que por un lado decide las concesiones y tiene la capacidad para iniciar procesos expropiatorios contra los propietarios afectados, y por otro, se beneficia del negocio. En el caso de que los propietarios de terrenos en los que se ubicará un parque eólico no llega a un acuerdo con la empresa explotadora, será la Consellería la que decida si emprende un proceso expropitarios contra los vecinos. En este caso, Ventonoso entiende que Industria está a dejar a los vecinos del rural en completa indefensión en las negociaciones con las firmas adjudicatarias de las concesiones.