El pasado viernes día 9 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de Responsabilidad Medioambiental, ley que tiene por objeto el principio de “quien contamina, paga”.

Desde el Grupo de Empresas Agrarias de Extremadura, estamos totalmente de acuerdo con el axioma objeto de la ley, pero donde no estamos de acuerdo, en absoluto, es en que se le de capacidad legal a las organizaciones ecologistas para promover intervenciones administrativas en las explotaciones de nuestros empresarios agrarios, pues para eso ya tenemos la Agencia de Medio Ambiente de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.

Este borrador de ley está creando una alarma social sin precedente, juntamente con el borrador de la ley de Protecciones del Patrimonio Natural y la Biodiversidad que prohíbe la caza en los territorios de la Red Natura 2000 (que es el 90% del territorio de caza en Extremadura).

La idea de Narbona es colocar un ecologista en cada finca como guarda de Medio Ambiente, como si no tuviéramos bastante con el chaparrón que tenemos actualmente.

Con esta ley estarán controladas las actividades económicas y profesionales susceptibles de ocasionar daños medioambientales y es ahí donde están incluidas las explotaciones agrarias del territorio extremeño.

Desde el GEA exigimos que “quien descontamine, cobre” o ¿es que siempre le va a tocar al “perro flaco” de la economía española “pagar el pato”?
No nos cabe duda de que las actuaciones de ASAJA, UPA y COAG en el Consejo de Asesores de Medio Ambiente se están cubriendo de gloria, ya que por defender, no defienden ni a los pocos asociados que tienen.

Este borrador de ley además hace hincapié en el control de los Espacios Protegidos y los Hábitats que suponen el 33% del territorio extremeño.

¡Miedo nos dan los fundamentalistas del ecologismo con la pretensión de que vuelvan los dinosaurios por la Sierra de San Pedro y los Llanos de Cáceres!