21, sep, ’07.- El portavoz del GPP en la Comision de Agricultura, Pesca y Alimentación del Senado, José-Cruz Pérez Lapazarán, ha exigido al Gobierno la eliminación del certificado sanitario para los animales destinados a matadero. “El PSOE debe cumplir sus promesas de eliminar el certificado sanitario y cumplir las promesas del propio Ministerio de Agricultrua del año 2004, así como las mociones de las Cortes Generales aprobadas en el año 2005 y escuchar el clamor de los ganaderos de eliminar dicho certificado” ha anunciado Pérez Lapazarán.

El portavoz popular ha recordado cómo dicho certificado fue implantado por Real Decreto, en el año 2000, y aprobaba el “Plan Integral de Vigilancia y Control de las Encefalopatías Espongiformes Trasmisibles”. “Dicho Decreto –explicó- obligaba a todos los ganaderos de las especies bovina, ovina y caprina, cuyos animales fuesen a matadero, a la presentación de un certificado veterinario emitido por un facultativo privado. Éste era un documento complementario a la Guía de Origen y Sanidad Pecuaria obligatoria de los servicios veterinarios oficiales”.

“El certificado era una medida extraordinaria, -abundó el senador navarro- para una situación extraordinaria, en unos momentos de fuerte preocupación, tanto en la UE como en España, por la emergencia y la inseguridad que tenían los consumidores de estas carnes”.

Pérez Lapazarán añadió que “el problema de las vacas locas ya es historia y, en la actualidad, ya no es motivo de preocupación. Por lo tanto ya no es necesario este requisito que le viene costando al ganadero unos 30 euros por res. Se da la paradoja de que incluso entran animales de la UE que no necesitan actualmente este requisito y ejercen competencia a nuestros ganaderos, que deben seguir pagando esta exigencia obsoleta. Por lo tanto, no existe justificación, ni técnica ni científica, que avale esta exigencia”.

“Ante esta situación, el GPP del Senado exige al Gobierno que, en el plazo de dos meses, se elimine la exigencia de dicho certificado y se modifique el Anexo XI del Real Decreto 3454/2000 –señaló el portavoz de la Comisión en el Senado-.

“Es una cuestión de lógica, que la propia UE ha puesto de manifiesto en el 2004 en Reglamentos Comunitarios sobre Higiene de los alimentos de origen animal –continuó explicando Pérez Lapazarán-. El Ministerio de Agricultura ya lo anunció en el año 2004, el Secretario General del Ministerio decía, por dos veces también en ese año, que lo harían “de forma inmediata” y el Congreso de los Diputados lo pidió en el año 2005. Como viene siendo costumbre en el Gobierno y en el PSOE se olvidan de sus propias promesas y de los Consejos de la UE”.

“Ante esta situación, el GPP da un plazo de dos meses al Gobierno para proceder a la derogación de la norma. En caso contrario, se iniciaría una batería de iniciativas en todas las instituciones parlamentarias: regionales, nacionales y europeas, encaminadas a resolver una situación anómala, que fue necesaria en su momento, pero que ya ha sido superada y ahora, carece de sentido” terminó diciendo el senador popular.