Valencia, 3 de octubre de 2007. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) denuncia la ineptitud del Ministerio de Agricultura en la gestión de los intereses de los citricultores españoles en la reforma de la OCM de Frutas y Hortalizas, frente a la decisión recién tomada del Gobierno italiano que ha anunciado que repartirá las ayudas de Pago Único entre todos los productores y sin aplicar ningún periodo transitorio.

La organización agraria critica que mientras Italia, que es el primer país europeo en transformación de cítricos con el 40% del total, afronta el Pago Único de forma directa, sin discriminaciones y, sobre todo, sin temores sobre el desabastecimiento de su industria, la administración española todavía se sigue basando en “falacias” como el suministro a la industria española para justificar periodos transitorios. Unos argumentos que resultan malintencionados cuando el Ministerio conoce que los citricultores obtienen pérdidas por la cosecha que dedican a transformación, ya que la producción española está mayoritariamente destinada al mercado de calidad en fresco.

“En Italia la ayuda desacoplada es un triunfo para todo el sector, que ha enfocado la reforma de la OCM como una nueva oportunidad para el desarrollo de la citricultura, mientras que en España el Ministerio se empeña en poner a los productores a los pies de la industria, profundizando en su dramática crisis de rentabilidad contra la opinión de todas las organizaciones agrarias españolas”, valoró el presidente de AVA, Cristóbal Aguado.

Por este motivo, “esta negociación supone un fracaso estrepitoso para los productores españoles, con ayudas tres veces inferiores a los de los italianos y, según las intenciones del MAPA, manteniendo un acoplamiento que responde a los intereses de todos menos de los productores”. Por ello, la organización agraria aboga porque el Ministerio siga el ejemplo de Italia y aplique la ayuda desacoplada sin transiciones para que el dinero vaya directamente al bolsillo de los citricultores.

Del mismo modo, AVA reclama que compense esta flagrante discriminación con fondos nacionales o utilizando el presupuesto sobrante del Pago Único para España, tal y como se contempla en el Anexo octavo del Reglamento europeo 1.762, para que no haya ninguna diferencia de trato entre un productor valenciano y otro italiano.