Madrid, 11 de octubre 07. El Área de la Mujer de COAG alerta un año más sobre los vacíos legales que impiden el justo reconocimiento de la mano de obra femenina en el campo. Es por ello que tan sólo el 8% de explotaciones, son dirigidas por mujeres, a pesar de que el 37% de la mano de obra agrícola en Europa es femenina

Las zonas rurales presentan una demografía muy débil y desequilibrada (baja densidad demográfica, población envejecida y masculinizada). La relativa escasez de equipamientos y servicios públicos (educativos, sanitarios, culturales, de atención social, etc) es efecto y causa a la vez de esta estructura demográfica que tiene unas repercusiones muy negativas para la conciliación de la vida laboral con la familiar. “Demandamos leyes de igualdad efectiva llevada a cabo en todos los territorios y que hagan especial hincapié en zonas más afectadas por situaciones desiguales como el medio rural”. A lo que ha añadido; “consideramos necesarias medidas que permitan conciliar ámbito privado y laboral tanto a hombres como a mujeres, pero hay que tener en cuenta, que la carga histórica deja el cuidado de mayores, niños y dependientes en general, así como tareas del hogar, a las mujeres y esto en el medio rural se acrecienta”, ha apuntado Belén Verdugo, responsable del Área de la Mujer de COAG.

Las mujeres son las principales responsables del asentamiento de las poblaciones en los pueblos y del desarrollo rural, llevando en su trabajo la responsabilidad de las pequeñas empresas y pequeñas explotaciones familiares, a pesar de no contar con la titularidad de las mismas. “Demandamos el Estatuto Jurídico de la Agricultora que acabe con relegarnos siempre al epígrafe de “ayuda familiar” y la consiguiente discriminación que ello supone”, dice Belén Verdugo. Se trataría de poner en marcha un marco jurídico que potencie el papel de la mujer en la explotación agraria y logrando el reconocimiento de su actividad profesional y los derechos que le corresponden.

Esta visibilización del trabajo de la mujer en el campo tendrá efectos fundamentales en la política agraria, ya que, a día de hoy, la titularidad es la única manera de figurar en los documentos bancarios, subvenciones, derechos acumulados, así de cara a la obtención de ayudas fiscales. También, la titularidad supone el derecho a la representación en los organismos asociativos y colectivos, de ahí la escasa presencia de mujeres en cooperativas y empresas donde ellas trabajan pero no ostentan cargos de responsabilidad. En este sentido, desde el Área de la Mujer de COAG se trabajará para que el próximo Real Decreto que se publicará para regular la titularidad compartida en el sector agrario sea lo más justo posible hacia el trabajo de las mujeres en agricultura y ganadería: “las mujeres somos conscientes de nuestra responsabilidad en la alimentación de los consumidores, estamos orgullosas de ser productoras y no queremos vernos obligadas a abandonar el medio rural como ha sucedido en múltiples casos, sino que se den las condiciones adecuadas para perpetuar la vida en el mismo”, ha afirmado Verdugo.

Asegurar en el futuro una alimentación de calidad a precios razonables en la UE pasa por la apuesta decidida de las distintas Administraciones por el modelo social de agricultura, cuya expansión dependerá fundamentalmente de una mayor participación de las mujeres en la esfera productiva-pública.