Para la Confederación de Cooperativas Agrarias de España es una buena noticia la aprobación en el Congreso de los Diputados de la nueva Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. No cabe duda que sus objetivos fundamentales, como es la mejora de la calidad de vida y de las rentas de la población rural, a través de un importante número de medidas que pueden llegar a afectar hasta a 12 áreas de la administración, como agricultura, infraestructuras, vivienda, sanidad, etc., son muy destacables y deseables para los ciudadanos que habitan más del 90 por ciento de nuestro territorio.

No hay que olvidar que las rentas medias en el medio rural se mueven aproximadamente en torno al 60 por ciento de las rentas urbanas. Y, por otro lado, desgraciadamente, contamos en España con importantes extensiones del territorio por debajo de los 10 habitantes por kilómetro cuadrado, índice que manifiesta ya no un riesgo de despoblamiento, sino que estamos en zonas de difícil recuperación. A lo anterior se añade una fuerte masculinización, especialmente en la actividad agropecuaria, así como una continua tendencia a la salida de los jóvenes del ámbito rural, con un claro envejecimiento del mismo.

Por tanto, las Cooperativas agrarias, como empresas de los agricultores que siempre van a permanecer en el mundo rural, reiteran su satisfacción por la aprobación y entrada en vigor de la Ley. De hecho, la Ley reconoce a las Cooperativas que sean titulares de explotaciones agrarias como destinatarios en la aplicación prioritaria de las medidas de los reglamentos comunitarios de desarrollo rural, aplicando las medidas de apoyo, en su caso, en función del número de socios que integran. Se respalda así, el papel dinamizador de las Cooperativas tanto en su función económica, como social y territorial. Si bien, cómo no, hay que apuntar que se trata de un texto de una especial complejidad en su articulación y, especialmente, en lo que será su desarrollo y aplicación. La experiencia de textos como el que se acaba de aprobar, que intentan aplicar políticas territoriales de carácter trasversal, como ya ocurrió con la Ley de agricultura de montaña a principios de los años ochenta, es que corren el riesgo de quedarse en un conjunto de medidas de buena voluntad que no acaban de aplicarse.

En este sentido, es preocupante el escaso respaldo de la Ley, que ha contado con la oposición de diversos grupos parlamentarios nacionalistas, así como del partido mayoritario de la oposición. Y no cabe duda de que el éxito o fracaso de esta Ley va a depender de la concertación a la que sean capaces de llegar las administraciones implicadas, tanto la central, como las autonómicas y locales. Como se apuntaba, si la ley pretende una mejoría en las rentas y calidad de vida para la población de las zonas rurales, no sería aconsejable que su desarrollo no fuese coordinado y homogéneo en todos los territorios. De lo contrario, una aplicación desigual podría motivar una falta de cohesión en los territorios aún mayor que el que actualmente se produce.