Aunque el Ministerio de Agricultura rechazó inicialmente usar las ayudas “de minimis” para dar respuesta a la crisis ganadera, finalmente ha recurrido a esta vía para poner en marcha las subvenciones a los avales de SAECA (ya publicadas) y la bonificación de intereses de los préstamos (en negociación con las Comunidades Autónomas). Las ayudas de minimis se rigen por un nuevo reglamento desde diciembre (nº 1535/2007, publicado el 21 de diciembre) que ha subido el doble techo que las constriñe: por cada período de tres años no pueden pasar de 7.500 euros por beneficiario ni de 274,7 millones de euros para toda España.

En estos límites cuentan todas las ayudas de minimis que se paguen, así que los ganaderos de las Comunidades Autónomas que han aprobado ayudas directas propias aparte de las de créditos blandos del MAPA (como Galicia, que destinó 330.000 euros para porcino y conejos, o Navarra que ha convocado 2.125.000 euros para estas mismas especies y para el ovino y caprino) deberán tener en cuenta que el total que reciban no puede pasar de estos límites. Y lo mismo ocurre con otras posibles ayudas ya recibidas o por recibir.

Para el conjunto de España, el problema es que si se sigue utilizando este tipo de ayudas para crisis sectoriales o de otro tipo (como se hizo con las ayudas al gasóleo en 2005) se irá estrechando el margen disponible que deja este instrumento, que en promedio solo permite pagar poco más de 90 millones de euros al año para todos los sectores españoles.