Madrid, 28 de mayo 08. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG, ha reclamado al Gobierno un aplazamiento de la eliminación de las tarifas especiales para riego, prevista para el próximo 1 de julio, ya que esta situación supondrá un aumento de un 30% en la factura final para aquellos agricultores que se pasen a la tarifa general.
Estas y otras cuestiones han sido tratadas durante el encuentro que han mantenido en la mañana de hoy COAG y el resto de organizaciones agrarias con Alicia Villaruiz, Secretaria General de Medio Rural, Francisco Amarillo, Director General de Desarrollo Rural y Jorge Sanz, Director de Política Energética, en la que los representantes de esta organización han solicitado además una mayor flexibilidad por parte de la compañías eléctricas a la hora de contratar la potencia. En este sentido, se estima necesario poder modificar la potencia más de una vez al año para evitar un coste muy elevado en aquellos meses donde no se usa. En el apartado fiscal, se ha pedido un tipo cero para el Impuesto especial que graba el consumo de electricidad y una reducción del IVA del 16% actual al 7%.
En un futuro escenario de liberalización eléctrica, COAG estima que los intereses de los agricultores pasan por negociar un acuerdo a largo plazo del sector agrario en su conjunto con las empresas distribuidoras de electricidad que permita mantener un coste razonable del suministro eléctrico; para ello, también se ha solicitado la mediación de los Ministerios de Industria y Agricultura como forma de garantizar un equilibrio entre las partes negociadoras. “El sector agrario ha apostado por el uso de la energía eléctrica como suministro limpio, flexible y factor imprescindible para la mecanización y automatización de las explotaciones. Sin embargo, la liberalización supone pasar de comprar la electricidad mediante la tarifa, a adquirirla en el mercado directamente a las compañías distribuidoras. Esto representa un cambio de enorme calado para muchos agricultores que en una negociación con las poderosas empresas eléctricas nos encontramos en clara posición de desventaja”, ha argumentado Miguel López, Secretario General de COAG.
Según los cálculos realizados por los Servicios Técnicos de COAG, solamente la desaparición de las tarifas específicas de riegos agrícolas (pasando a tarifa general) supondrá un sobrecoste anual de más de 50 millones € para el sector agrario, Este sobrecoste repercute específicamente sobre aquéllos agricultores que utilizan la energía eléctrica para regar sus cultivos, después de haber realizado cuantiosas inversiones en electrificación agraria.
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