Madrid, 14 de enero de 2009. Tras la aprobación por parte del Parlamento Europeo de la normativa sobre fitosanitarios, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) considera demasiado restrictivas las exigencias relativas a los criterios de corte de las materias activas (cut off) fijadas en la norma, ya que pueden provocar la disminución de alternativas para combatir las plagas y enfermedades vegetales.

Desde UPA siempre se ha defendido un sistema de registro de sustancias, basado en la evaluación de riesgo con base científica, y no en aplicar indiscriminadamente criterios de corte, (sin evaluación de riesgo) en la aprobación o renovación de una sustancia.

UPA considera imprescindible una moratoria que permita ganar tiempo para investigar y poner en marcha otras sustancias activas con eficacia similar a las que se planea eliminar, o bien otro métodos de control no químicos (lucha biológica, etc.), y la realización de un estudio de impacto socioeconómico y medioambiental de la aplicación de la normativa aprobada.

Existen precedentes en el derecho comunitario de anular un acuerdo del Consejo de Ministros que modifica elementos fundamentales de la reglamentación comunitaria por no haber tenido el preceptivo estudio de evaluación de impacto (reforma del sistema de ayuda del algodón).

Aquí ocurre algo similar, se ha aprobado un sistema de autorización de sustancias activas sin el preceptivo análisis del impacto que va a tener sobre la reducción o eliminación de materias activas que están actualmente en uso.

A fecha de hoy nadie sabe a ciencia cierta cuantas sustancias se van a eliminar y cuantas van a permanecer, justamente por la falta de ese necesario estudio de impacto.

En cuanto al acuerdo sobre la Directiva se rebaja considerablemente el requisito del Parlamento que establecía un 50% de reducción en el uso de productos fitosanitarios en 2013. Finalmente serán los Estados Miembros quienes deben adopten en sus planes nacionales los objetivos tanto de reducción del riesgo como del uso, no estableciendo ningún requisito ni en porcentaje ni en periodo.

El sector productor español siempre ha defendido una agricultura sostenible con una utilización cada vez más racional y segura de los productos fitosanitarios. Los agricultores y técnicos vienen desarrollando técnicas de cultivo cada vez más respetuosas con el medio ambiente, reduciendo un gran número de materias activas.

Sin embargo, consideran necesario tener la suficiente disponibilidad de materias activas para luchas contra las plagas y enfermedades vegetales, y que la retirada de materias activas vaya en detrimento de la competitividad de la agricultura española. De esta forma evitaremos la dependencia del consumidor de los productos agrarios importados de terceros países donde no se exigen normas tan estrictas como en la UE en materia de calidad y seguridad alimentaria.

Finalmente, desde UPA reconocemos que el acuerdo alcanzado recoge las preocupaciones del sector productor español en lo relativo al Reglamento como el establecimiento de las 3 zonas para el reconocimiento mutuo, el fomento de los usos menores y el requisito de informar sobre los tratamientos fitosanitarios a la administración.