30 de marzo de 2009.- La Unió estudia la posibilidad de recurrir judicialmente el Acuerdo del Consell de la Generalitat sobre medidas para limitar la polinización cruzada entre plantaciones de cítricos (pinyolà), aprobado en el pleno del Consell el pasado viernes y publicado hoy en el DOCV, y se plantea así mismo posibles acciones de protesta al respecto.

La Unió cuestiona que una normativa de la Generalitat limite una actividad económica como es la apicultura y además no indemnice a aquellas personas que no la puedan cumplir por los «aberrantes requisitos» que impone a los apicultores, lo que llevará a muchos de ellos al abandono de la actividad.

La Unió critica que el Acuerdo del Gobierno Valenciano sea coercitivo porque a los apicultores que lo incumplan se les puede sancionar con la retirada de las ayudas con cargo a los fondos propios de la Generalitat, cuando los apicultores por culpa de la norma no pueden tener asentamientos en la zona citrícola, más allá del 10% de colmenas que podrán realizar asentamientos. Por tanto, es un Acuerdo discriminatorio entre apicultores.

El hecho de conceder únicamente cinco días desde hoy para retirar las colmenas de las zonas citrícolas es calificado por La Unió como una » barbaridad y es un claro desconocimiento de la realidad del sector». Resulta a juicio de esta organización agraria prácticamente imposible de cumplir e incluso vulnera el apartado del Acuerdo que indica textualmente «que el periodo de vigencia se inicia el 1 de abril». Del mismo modo La Unió indica que este Acuerdo del Consell deroga de forma parcial una Orden que data de 1984 por la cual prohíbe los tratamientos fitosanitarios en época de floración. No puede ser que mientras desde la Unión Europea se proteja cada vez más a las abejas y se considere la actividad como imprescindible para la alimentación humana para la conservación del medio ambiente, desde la Generalitat se fomente la matanza de las mismas.

La nueva normativa permitiría, como máximo, la instalación de alrededor de 43.000 colmenas en 88 municipios (limitando el número de colmenas dependiendo del municipio de que se trate) de la Comunitat Valenciana (gran parte de sus términos municipales están fuertemente urbanizados, con viviendas diseminadas, o no se caracterizan por el predominio de campos de cítricos ya que incluye capitales y ciudades importantes de zonas urbanas), cuando el censo actual de colmenas es de cerca de 400.000 colmenas y de 1.667 apicultores. Aparte de limitar la presencia de ese número de colmenas, se exige de forma general contar con el previo consentimiento de todos los propietarios de fincas de cítricos existentes en un radio de 1 kilómetro alrededor del lugar de ubicación de las colmenas, condicionante que hace inviable la presencia de la actividad apícola en esas zonas.

Carlos Muñoz Wilde, Responsable del Sector Apícola de La Unió, afirma que «la Conselleria de Agricultura ha tenido a los apicultores hasta la fecha a cadena perpetua, pero ahora da un paso más en su desprecio hacia el sector al condenarlos directamente a la pena de muerte. Tanto los apicultores como los citricultores de nuestra organización consideramos que esta no es la mejor solución para un problema que lleva tanto tiempo enquistado». En este sentido Carlos Muñoz «exige que se depuren responsabilidades políticas de inmediato por este atropello hacia el sector apícola valenciano al que se ha mantenido engañado desde el pasado mes de junio bajo falsas promesas de que no se publicaría este año ninguna normativa al respecto”.