La Dirección General de Tributos del Ministerio de Economía y Hacienda ha comunicado de manera oficial a COAG que el gasóleo profesional para el sector agrario será una realidad antes de final de año. Tal y como expone la comunicación, el Gobierno “ha decidido regular el gasóleo profesional con carácter permanente mediante una modificación legal (modificación de la Ley reguladora del Impuesto de Hidrocarburos), que se aprobará antes de que finalice el ejercicio en curso (2009)…”. De esta manera, los agricultores y ganaderos de nuestro país podrán disfrutar de un gasóleo sin el gravamen del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH), (0, 079 euros/ litro, 13 de las antiguas pesetas por litro).

Asimismo, el Ministerio de Economía y Haciendo se compromete a una cuarta devolución del IEH sobre el carburante consumido por los profesionales agrarios desde el 1 de enero de 2009 hasta la fecha de aprobación definitiva del gasóleo profesional. La suma de todas las devoluciones de este impuesto (2006, 2007, 2008 y 2009) supone una inyección económica para el sector de 430 millones de euros.

COAG valora muy positivamente esta decisión puesto que significa el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno en el histórico acuerdo del gasóleo, rubricado en diciembre de 2005 por COAG con el antiguo Ministerio de Agricultura y el de Economía y Hacienda para paliar la subida de los carburantes en el campo.

El desarrollo del acuerdo del gasóleo ha supuesto además importantes beneficios fiscales tales como las deducciones fiscales en las compras de gasóleo, fertilizantes o plásticos, la reducción de los índices de rendimiento neto, (módulos de cotización) en determinados sectores, (negociados en la Mesa de Fiscalidad), o el Plan de Renove para la maquinaria agrícola.

No obstante, COAG ha solicitado una reunión a la Dirección General de Tributos para concretar el calendario y el sistema de aplicación del gasóleo profesional agrario, así como para abordar otras cuestiones pendientes como la modificación de la Ley del IVA, con el objetivo de reducir el IVA aplicado a los insumos de las actividades agrícolas y ganaderas ante la crisis sin precedentes que está atravesando el sector.