ASAJA Castilla y León exige al Ministerio que haga un seguimiento de los préstamos denegados por bancos y cajas

La organización agraria ASAJA de Castilla y León está constatando una respuesta poco satisfactoria de las entidades bancarias que operan en la región para aplicar la Orden ARM/575/2010 por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de las ayudas a los titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas para facilitar el acceso a la financiación. Esta Orden ministerial permite a los agricultores y ganaderos titulares de un préstamo para la mejora y modernización de las explotaciones beneficiarse de una carencia de hasta dos años en su amortización, haciéndose cargo el ministerio de los intereses generados en dicho periodo. No obstante, la ampliación de dos años más en la vida del préstamo queda condicionada a la aceptación de la entidad financiera, y es aquí donde los bancos y cajas están dificultando que se lleve a cabo esta medida de política agraria, la única de cierta efectividad puesta en marcha tras las movilizaciones de otoño del pasado año.

ASAJA de Castilla y León aconseja a todos los agricultores y ganaderos interesados en ampliar en dos años sus préstamos que lo soliciten por escrito en las entidades financieras antes del 12 de junio, quedándose con una copia registrada de dicha solicitud, según modelo que se les proporcionará en la organización agraria. ASAJA pide al Ministerio que haga un seguimiento de todas las denegaciones, que les exija a las entidades una resolución motivada y que se cree una comisión, con la presencia de las organizaciones agrarias, para supervisar todos y cada uno de los expedientes que no se resuelvan favorablemente.

ASAJA de Castilla y León no puede entender la actitud cicatera de las entidades financieras que operan en la región para con un sector, como es el agropecuario, que está cumpliendo todos sus compromisos con dichas entidades, contribuyendo así a enjuagar las pérdidas que les están ocasionando otros negocios especulativos.

ASAJA lamenta que el Ministerio haya regulado unas ayudas públicas dirigidas a paliar la grave crisis del campo dejándolas condicionadas a los criterios, no siempre objetivos y a veces caprichosos, de unas entidades privadas que anteponen sus intereses empresariales a cualquier otra cuestión.