Las palabras del Comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, en el sentido de que los Agricultores y Ganaderos no sufrirían las sanciones pues los Estados miembros están obligados a hacer frente a esos pagos no son especialmente tranquilizadoras teniendo en cuenta la situación de recortes de fondos y de falta de liquidez que están soportando las Administraciones Públicas
Teniendo en cuentas las distintas informaciones que se han podido recoger sobre este tema, la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) estima que cerca de 1.000 millones de euros anuales , sólo de pagos de la Política Agraria Común, podrían estar en peligro de seguir adelante la propuesta realizada por el Comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn. Esta Organización recuerda que la PAC supone en el conjunto de la UE 46.622,25 millones de euros, de los que 6.068,5 corresponderían a España.
Las sanciones, planteadas por el Comisario finlandés, podría afectar a aquellos estados que vulneren el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que fija un límite del 3% de déficit público respecto al PIB y del 60% de deuda, afecten a la totalidad de los fondos que llegan de Bruselas incluyendo los pagos de la Política Agraria Común.
La Unión de Campesinos de Castilla (UCCL) ve con tremenda preocupación que esta propuesta pueda salir adelante más si cabe en la alarmante coyuntura que vive este sector desde hace más de dos años acuciados por una espectacular crisis de rentabilidad a la que las mismas autoridades europeas que ahora quieren poner en marcha esta sanción no han sido capaces de dar respuesta eficaz. Las palabras pretendidamente tranquilizadoras de Olly Rehn en el sentido de que “las sanciones no afectarían directamente a los beneficiarios de los fondos -como los agricultores- pues los estados miembros estarán obligados a continuar pagando los subsidios aunque no sean reembolsados por la Comisión” no contribuyen, de ninguna manera a calmar la alerta suscitada, teniendo en cuenta la situación económica en la que se encuentran las Administraciones Públicas implicadas en este tema, ya sea el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino o la Consejería de Agricultura y Ganadería, inmersas ambas en profundos recortes de presupuesto que harían inviable que pudiesen hacer frente a los pagos de la Política Agraria Comunitaria que tradicionalmente se hacen desde Bruselas y que ahora podrían estar en peligro si se aplican esas posibles sanciones.
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