El Ministerio de Agricultura de Alemania todavía no ha conseguido consensuar una posición común entre sus Estados federados (länders). De momento, hay tres posturas. Un total de doce Estados federados rechazan el “greening” obligatorio de los pagos directos y temen que pueda aumentar considerablemente la carga burocrática. Por otra parte, Mecklembrugo-Antepomerania (SPD), ha considerado que un primer pilar “más verde podría suponer un enfoque razonable para continuar desarrollando la PAC siempre que ello no suponga ninguna carga burocrática adicional”.

Por su parte, el Estado federado de Renania del Norte Westfalia (NRW) considera que las medidas contenidas en el primer pilar deberían quedar vinculadas de forma concreta a la prestación de determinados servicios específicos. Este Estado federado, en el que gobiernan Los Verdes en coalición, considera que uno de los servicios específicos sería establecer que un 10% de la superficie de cada explotación agraria se considere “superficie con prioridad ecológica”. Además, apoyan que en el futuro, los pagos de las ayudas directas se realice de forma regresiva y que se tenga en cuenta un factor determinado para el trabajo retribuido en las grandes explotaciones agrarias.

Holanda, por su parte, piensa que no hay que retribuir a los agricultores por mantener la seguridad alimentaria, la cual debe considerarse una parte del reto alimentario global. Proponen sustituir los pagos directos por pagos por objetivos que promuevan la competitividad, la sostenibilidad y la innovación en el sector primario y en toda la cadena alimentaria y simplificar la PAC, reduciendo las cargas administrativas.

Asimismo, el gobierno holandés considera que el segundo pilar debe limitarse a actividades agrarias y que la promoción de zonas rurales viables y diversificadas, corresponde a las políticas de cohesión y de desarrollo regional, mientras que la política social es, y debe seguir siendo, competencia de cada estado miembro. En cuanto a las herramientas de mercado, apoyan que se limiten solo a una red de seguridad, que se eliminen las restituciones a partir de 2013 según los compromisos en la OMC y que los sistemas de gestión de riesgos, como los seguros agrarios, sean desarrollado por el sector privado, según publica el Boletín Exterior del MARM.