Como muy bien detalla nuestro añorado secretario general de ASAJA Elche durante muchos años, Baltasar Brotons, en su libro “La Agricultura entre la Marginación y la Esperanza”, en 1900 se creó en Elche la comunidad de labradores formada por propietarios de fincas rústicas, cuyo fin principal era la creación de una guardería rural que protegiese y vigilara los campos y cosechas ante los frecuentes hurtos y atropellos sufridos por los agricultores y ganaderos de la época.

Pues bien, más de 100 años después, la situación respecto a los robos en el campo continúa igual de tediosa e insostenible que entonces; nadie nos hace caso y los delincuentes campan a sus anchas por las explotaciones agrarias y recolectan nuestras cosechas con la mayor impunidad posible. Se han profesionalizado y cuentan con los medios necesarios para recolectar y llevarse miles de toneladas en muy pocas horas. Hemos solicitado una reunión con la subdelegada del Gobierno, Encarna Llinares, pero en 10 días y con la que está cayendo, ha sido incapaz de atendernos para solucionar el problema.

Quizás llegado este punto, ante la falta absoluta de desprotección y ausencia de voluntad del Gobierno para dotar a la huerta de los recursos necesarios y afrontar esta problemática, los agricultores y ganaderos tengamos que plantearnos nuevamente la iniciativa de crear patrullas formadas por los propietarios de fincas rusticas, que deambulen y vigilen los campos de cultivo para evitar que nos dejen sin nada.

En efecto, los agricultores, tras superar con éxito los innumerables factores que intervienen en el resultado final de una cosecha (adversa climatología, trabajos en campo, precio del agua, costes de producción, plagas,…), observamos atónitos como el esfuerzo, trabajo e inversión de todo 1 año de se va por la borda en una sola noche.

De hecho, de alguna u otra forma y teniendo en cuenta la dinámica en la que estamos entrando, la creación de estas patrullas rurales ya está empezando a tomar forma. En efecto, como denunció ASAJA Alicante el pasado 20 de enero, los agricultores que se dedican al cultivo de la alcachofa y que le suministran producción a la marca SAT OLÉ, se están quedando a dormir a pie del bancal para proteger y vigilar su cosecha y evitar que se la lleven de un día para otro. Otro ejemplo lo encontramos en Elche, donde nuestro presidente local ha propuesto al Ayuntamiento la creación de una comisión específica de trabajo para abordar los problemas de inseguridad en los campos de cultivo de las zonas rurales con el propósito final de crear un cuerpo individualizado que se esfuerce en aminorar esta plaga de robos que afectan a cosechas, cobre, viviendas, aperos, herramientas, gasóleo, etc…

En definitiva, la desprotección, la inseguridad, la incertidumbre, el desasosiego, la derrota se ha instalado en las zonas rurales de la provincia de Alicante y lo que es más importante, se ha instalado en los propietarios de las explotaciones la ansiedad y el miedo. Y yo me pregunto: ¿Por qué nadie actúa? ¿Cuánto más tenemos que sufrir los agricultores para que tomen en serio este problema?

En mi opinión, el buen hacer de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en general es indudable. Sin embargo, el Gobierno tiene una asignatura pendiente con el sector agrario en materia de seguridad; el Ejecutivo debe emplear de una vez por todas todos los medios que estén a su alcance para atenuar esta situación que se vive en todas las zonas agrícolas. Creo que se ha de crear un cuerpo específico de hombres y mujeres con experiencia y conocimiento de las zonas rurales para que trabaje exclusivamente en la vigilancia y prevención de estos delitos. De esta forma, se conseguiría poner fin a este “supermercado de entrada libre” y que los delincuentes que campan en las zonas rurales perciban que se está trabajando, que hay vigilancia y que corren el riesgo de ser detenidos. Al respecto, desde ASAJA Alicante reclamamos al Gobierno mayor contundencia. Solicitamos que firme el protocolo de actuación con la Policía de la Generalitat y que destine más medios de la Guardia Civil para proteger los campos. También es imprescindible abordar una reforma del Código Penal para que se endurezcan las penas y tengan en cuenta en la sanción no sólo el valor de lo robado, sino también el de los daños que producen cuando asaltan una explotación.

De lo contrario y con la intención de resolver esta anarquía, a los agricultores y ganaderos no nos queda otro camino que el de crear como en el año 1900 una guardería rural de propietarios de fincas rústicas para continuar con nuestra actividad y proteger nuestros intereses.