La organización agraria Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante denuncia que los productores, que se encuentran en plena campaña de riegos, están registrando incrementos en sus tarifas eléctricas inasumibles. De hecho, en determinadas zonas, como la Vega Baja, los gastos se han duplicado en un año (teniendo en cuenta las subidas aplicadas por el Gobierno y el aumento de la superficie cultivada). Principalmente perjudicados se ven aquellos que poseen sus tierras próximas a la costa como el Bajo Vinalopó donde el coste ya alcanza los 30 ctm/m3 en municipios como Aspe o Agost, situándose la media provincial en unos 15-25 ctm/m3.

Hay cultivos, como la lechuga de verano, en los que el coste del riego, que es el más importante tras la mano de obra, supone el 50% del total del gasto que realizan los agricultores para obtener un producto. Por hectárea, se calcula que se consumen entre 5.000-6.000 m3 al año y en cultivos como la patata o el maíz hasta 7.000-8.000 m3/año. Ante el aumento desproporcionado de los costes, la dependencia hídrica y la perjudicial situación que viven los agricultores, ASAJA Alicante exige la posibilidad de cobrar sola y exclusivamente por la potencia que se usa, lo que supondría una reducción considerable de los costes para los regantes.

Desde que en 2007 se anunciara la desaparición de las tarifas especiales de riego y la incorporación al denominado mercado libre (junio de 2008), que provocó un aumento de la factura eléctrica de un 110%, ASAJA ha venido reclamando al Gobierno una solución pactada y sobre todo ecuámine que paliara las graves consecuencias que para la agricultura iba a tener al ser el sector económico con mayor incremento de sus costes energéticos. Precisamente, dada la magnitud del problema, este fue un de los asuntos a los que el presidente del Gobierno se comprometió a dar solución en la reunión mantenida con el sector agrario en diciembre de 2009.

En todo momento, ASAJA ha reclamado en la mesa de negociación la necesidad de reconocer el carácter estacional del regadío y para ello propuso como solución que se cobrara solamente por la potencia consumida. Tras meses de trabajo e innumerables reuniones, se alcanzó un principio de acuerdo sobre el denominado contrato de temporada, que aunque no solucionaba en su totalidad el problema, resultaba necesario. Sin embargo, el Gobierno, pese a ser una propuesta suya, nunca llegó a poner en marcha los denominados contratos e interpelando recientemente sobre su futura publicación, ni confirma, ni desmiente.

Ante esta situación, ASAJA ha reclamado la mediación de la ministra Rosa Aguilar para tratar de dar solución al problema. Sorprendentemente, la máxima responsable de las cuestiones relacionadas con el sector agrario, se inhibe en este asunto y señala al ministerio de Industria, Comercio y Turismo como “único competente en la materia”. Esto con ser grave no es lo peor, en su descargo, la ministra apela a la necesidad de buscar el ahorro energético con argumentos tan peregrinos como son la mejora de las infraestructuras hidráulicas (precisamente de su competencia) o la necesidad de que los productores realicen auditorias energéticas con el fin de disminuir la factura eléctrica.

Respecto a la alusión a la eficiencia energética, la ministra parece olvidar que los agricultores ya realizan auditorias, entre otros motivos porque la tarifa eléctrica de riego supone un coste excesivo. En la gestión de la explotación, elegir los periodos horarios más económicos y las horas donde se produce menor evaporación del agua son prácticas habituales en los cultivos de regadío. De hecho, hay que recordar a la ministra que el sector agrario es el único que puede concentrar el consumo de riego en periodos horarios donde no producen sobrecarga y tensiones en el conjunto de la Red Eléctrica Española.

En resumen, tal y como defiende el presidente de ASAJA Alicante, Eladio Aniorte “no tenemos una ministra que trabaje para solucionar los problemas del campo ni un Gobierno que apoye a este sector, que está creando empleo y riqueza. De hecho, sólo en la Comunidad ocupa a 300.000 personas, una cifra que deberían tener en cuenta si fueran competentes y se preocuparan por fortalecer el mercado laboral”.