La Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, presentó ayer en rueda de prensa el contenido y objetivos de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, cuyo proyecto fue aprobado en el Consejo de Ministros de la semana pasada. Aguilar ha destacado que se trata de una herramienta para el equilibrio de los distintos eslabones de la cadena, con consecuencias positivas para los consumidores.

El principal objetivo de la Ley, ha señalado Rosa Aguilar “es mejorar la vertebración y el funcionamiento de la cadena alimentaria, para aumentar la eficacia y competitividad del sector agroalimentario, así como conseguir un mayor equilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor”.

La Ministra ha recordado que la Ley regula un Código de Buenas Prácticas comerciales, de acuerdo voluntario, que establecerá los principios sobre los que han de fundamentarse las relaciones comerciales entre los agentes de la cadena de valor, basadas en principios como la transparencia, la claridad, la concreción y la sencillez en el intercambio de información, así como en la equidad, la responsabilidad y la buena fe contractual.

La Ley también modifica la normativa reguladora de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias, con el objetivo -ha señalado Rosa Aguilar- “de ampliar sus finalidades para dotarlas de mayor seguridad jurídica, aumentar el porcentaje de su representatividad, posibilitar la creación de Organizaciones Interprofesionales Agrarias de segundo grado, actualizar sus infracciones y sanciones y rebajar la representación institucional del Consejo General de Organizaciones Interprofesionales para dotarlo de más agilidad”.

La Ley incluye igualmente la modificación de la normativa sobre contratos tipo agroalimentarios, contemplando la posibilidad de tener en cuenta los indicadores de precios o costes, siendo, en cualquier caso, el precio a percibir así como los indicadores que se apliquen, libremente fijados entre las partes.

Por último, y en relación con el régimen de contratación, la Ministra ha explicado que la Ley regula medidas excepcionales aplicables al régimen de contratación agroalimentario en general, recogiendo la posibilidad de que las organizaciones de productores, en representación de sus miembros, puedan negociar los precios y condiciones de pago de sus contratos de producción, sólo cuando así lo establezca la legislación comunitaria en vigor y garantizando el estricto cumplimiento de la normativa de defensa de la competencia.

“La Ley, -ha apuntado la Ministra- beneficia, por tanto, a todos los agentes de la cadena alimentaria y a la sociedad, aportando a agricultores y ganaderos mayor poder negociador, facilitando a la industria agroalimentaria el acopio de sus materias primas en cantidad y a lo largo del tiempo, de acuerdo con sus necesidades, brindando a la distribución mayor transparencia de los suministros mediante la autorregulación y a los consumidores un adecuado nivel de precios y mayor información sobre la cadena de valor”.