Tras varios años de investigación rodeada de cierto escándalo, el Gobierno británico, a través de su Agencia OFT (Office of Fair Trading), ha resuelto recientemente sancionar a ocho de los principales distribuidores del sector de la alimentación británico por ponerse de acuerdo para fijar el precio de venta del queso y otros productos lácteos durante 2002 y 2003, contraviniendo la Ley británica de la Competencia de 1998.

Las empresas implicadas son: Asda, Dairy Crest, McLelland, Safeway, Sainsbury’s, Tesco, The Cheese Company y Wiseman. Se calcula que la subida pactada del precio de estos productos lácteos costó a los consumidores alrededor de 270 millones de libras.

El total de las multas que se impondrán a estas firmas será de casi £50m. A Tesco se le ha impuesto la de mayor cuantía, 10,43 millones de libras, y al resto de los distribuidores sanciones menos severas después de que hubieran admitido su responsabilidad. Arla, la distribuidora que dio la voz de alarma, obtuvo la exención total de la multa.

Tesco, que siempre ha mantenido su inocencia en la disputa, es el único que ha anunciado que emprenderá acciones legales para recurrir la multa y ha pedido una revisión completa del sistema de regulación. La vista se realizaría ante el Tribunal de Apelación de la Competencia y el proceso de apelación podría durar hasta un año.

La investigación de la OFT ha durado siete años y ha sido seguida de una campaña continua y muy mediática por parte de los productores de leche entre 2001 y 2003, que exigían unos precios de la leche en la explotación más elevados. La OFT ha manifestado que su decisión envía una fuerte señal a los supermercados, proveedores y otras empresas de que esta Agencia tomará medidas e impondrá multas significativas cuando se descubra una actuación contraria a la competencia que vaya dirigida a aumentar los precios pagados por los consumidores.

Tesco ha reaccionado con «sorpresa y consternación» al dictamen de la OFT diciendo que la sentencia carecía «completamente de fundamento», añadiendo que se muestran firmes en la refutación de las continuas acusaciones de fijación ilegal de precios y recuerda que el año pasado la OFT retiró las acusaciones contra todos los implicados sobre la fijación ilegal de los precios de la leche en 2002 y de la mantequilla en 2003, y las acusaciones contra ellos por los precios de la leche también en 2003. Se ha manifestado molesto y defraudado de que la OFT siga investigando este caso, lento y costoso, a expensas de los contribuyentes y las empresas británicas.

Por otra parte, el principal supermercado de Reino Unido dice que está claro que se ha alcanzado una etapa en la que ya no se puede permitir que la OFT siga actuando como investigador, fiscal y juez, al mismo tiempo, y que los planes del Gobierno del nuevo régimen de competencia deben abordar esta anomalía, en interés de los consumidores y la comunidad empresarial.

El Gobierno planea fusionar la Comisión de Competencia y la OFT para crear una sola agencia: la Autoridad de la Competencia y los Mercados, según publica el Boletín Exterior del MARM.