Las organizaciones agrarias pertenecientes a CEPES Andalucía han valorado la propuesta de reforma de la PAC presentada en Bruselas por el Comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, considerando “alarmante” su contenido, ya que pone en peligro el modelo social de agricultura, el tejido productivo y la seguridad alimentaria en Europa.
Tanto UPA-A como COAG-A rechazan de pleno esta propuesta porque profundiza en los errores que han llevado al sector agrario a la crisis actual: ayudas desligadas de la producción, (que favorecen a grandes propietarios de tierras absentistas en detrimento de la agricultura productiva, profesional y generadora de empleo), desregulación de los mercados y liberalización del comercio agrícola, caldo de cultivo para la volatilidad de precios y especulación, (que para los agricultores/as está suponiendo precios a la baja y aumento de costes), y para una mayor dependencia del exterior en cuestiones alimentarias.
Además, se reafirman en la necesidad de un presupuesto suficiente que permita asegurar la actividad agraria y ganadera. El sector necesita una ampliación de los recursos económicos, sobre todo si nos basamos en dos elementos fundamentales: la incorporación de nuevos países al marco comunitario; y el hecho de que se ha mantenido el mismo presupuesto desde la Agenda 2000. Según los cálculos realizados sobre la propuesta de perspectivas financieras de la UE, en el periodo 2011-2019 las ayudas comunitarias a los agricultores españoles se verían reducidas un 17%.
Las organizaciones agrarias demandan la puesta en marcha de distintos mecanismos como un código de buenas prácticas comerciales, que permita frenar la política abusiva de la gran distribución –dado el aumento de las marcas blancas, principalmente en productos como la leche o el aceite de oliva-; el impulso de las interprofesionales, de modo que estas puedan convenir precios mínimos ligados a los costes medios de producción, al menos en situaciones de crisis; el desarrollo de instrumentos de concentración de la oferta y, por último, la puesta en marcha de contratos-tipo efectivos entre industria y productores, que eviten el desequilibrio de la cadena alimentaria tal y como sucede en la actualidad.
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