La actividad agrícola y ganadera ha venido desempeñado un papel significativo, moldeando el paisaje rural. Aun siendo la actividad agraria un proceso productivo transformador de su entorno, desde siempre ha sido una aliada al medio ambiente que la sustenta. A lo largo de los siglos, la agricultura familiar ha trabajado manteniendo y protegiendo la inmensa mayoría de las tierras de nuestra geografía y sus recursos naturales. De hecho, la agricultura es el origen de muchos ecosistemas con una gran biodiversidad y contribuye al mantenimiento de la diversidad de especies y de los recursos naturales que las albergan.
Si en primer término la misión de la agricultura es producir alimentos suficientes y de calidad para la población, para UPA “eso no nos debe hacer olvidar sus otras importantes misiones”: la conservación de paisajes y el propio mantenimiento del nivel y de la calidad de vida de las poblaciones rurales. “Gestionando una gran parte del territorio, la agricultura conserva en algunos casos muchos ecosistemas específicos que desaparecerían si se abandonaran las actividades agrícolas y ganaderas”.
“Ya es hora de que la sociedad reconozca el papel insustituible no sólo como productores, sino también como administradores del equilibrio natural que realizan la mayoría de los agricultores y ganaderos”, ha explicado UPA. En este sentido, la organización agraria reclama que las diferentes políticas en materia agraria, con la PAC a la cabeza, deben reconocer la labor que ejercen los agricultores y ganaderos en el suministro de unos bienes públicos medioambientales que no están remunerados a través de los mercados.
Además, determinadas restricciones del modelo de agricultura europeo, entre las cuales figuran las de carácter medioambiental, están suponiendo una importante pérdida de competitividad ante productos procedentes de terceros países que entran en la UE sin dichos requisitos.
Con el fin de valorizar y apoyar la labor multifuncional de la agricultura familiar, UPA propone diversos tipos de acciones e instrumentos tales como el fomento de medidas voluntarias contractuales de conservación y de medidas agroambientales, el reconocimiento de la gestión territorial y medioambiental en la futura reforma de la PAC, la aplicación del “pago por servicios ambientales”, la utilización de los “contratos territoriales”; el fomento de acciones de “custodia del territorio”; una mayor interlocución, transparencia y participación con el sector agrario; la potenciación de los servicios de asesoramiento a las explotaciones agrarias; el fomento de energía renovables en las explotaciones agrarias y muchas otras acciones que se podrían enmarcar bajo el principio de “quien conserva, cobra”.
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