El Tribunal de Cuentas Europeo ha emitido un informe sobre los avances logrados con la reforma de la OCM del Vino de 2008, en el que señala que las medidas que la Comisión Europea adoptó para conseguir sus objetivos de mejorar la competitividad de los productores europeos y equilibrar la oferta y la demanda, no han sido eficientes.
En concreto, el Tribunal de Cuentas señala que la Comisión Europea “no ha estudiado suficientemente una cuestión importante” que es la desaparición del régimen de derechos de plantación. Sobre este tema, añade, “después de analizar de forma sucinta el impacto de los derechos de plantación, la Comisión concluyó que la eliminación del régimen de derechos no entrañaba riesgo de incremento de plantaciones, pues a su juicio, con la desaparición de los mecanismos de sostenimiento del mercado, los viticultores solo plantarían si estaban seguros de contar con una salida comercial.” En opinión del Tribunal de Cuentas “la Comisión no realizó una evaluación del impacto exhaustiva sobre las posibles consecuencias (riesgos y oportunidades) de la ampliación del régimen de derechos de plantación”.
ARAG-ASAJA confía en que las conclusiones de este informe hagan recapacitar a la Comisión Europea sobre su decisión de eliminar el sistema de derechos de plantación más allá de 2018, así como que realice un diagnóstico real de los resultados de esta reforma, ya que no ha conseguido el principal objetivo que se marcó, que fue mejorar la competitividad de los productores y tampoco equilibrar la oferta y la demanda.
Para la organización agraria riojana, la eliminación de este sistema tendría consecuencias nefastas e irremediables ya que se produciría un inmediato descenso en los precios de las uvas y los vinos, lo que unido al incremento de los costes de producción que soportan los agricultores, haría peligrar las explotaciones vitivinícolas riojanas.
El informe analiza también las medidas que se pusieron en marcha y que no han dado los resultados esperados, como las medidas de arranque, que las ha calificado de poco eficientes por considerar que con menos recursos económicos se hubieran conseguido mejores resultados. La otra medida que ha supuesto el principal ámbito de gasto ha sido la restructuración y reconversión de viñedo, de la que, el Tribunal de Cuentas ha concluido que, si bien ha dado buenos resultados en cuanto a la modernización y racionalización de viñedos, los incrementos de la producción derivados de estos nuevos sistemas y la no aplicación de medidas de control en algunas regiones, han neutralizado la reducción de producción conseguida con los arranques.
La combinación de ambas medidas, según el Tribunal de Cuentas, no ha logrado la reducción de volumen esperada, ya que no bastó para corregir el desequilibrio del mercado existente, pues se basaba en criterios que no obtuvieron los resultados esperados como el cese del enriquecimiento con sacarosa, las medidas de cosecha en verde y la promoción.
En la actualidad, 16 países, incluido España, están a favor de mantener los derechos de plantación. La continuidad de este sistema está siendo debatida en un grupo de alto nivel formado por todos los participantes en el sector vitivinícola europeo que tiene previsto emitir un dictamen a finales de este año.
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