Las naciones más ricas del mundo son aquellas que poseen los sectores industriales más potentes. El extraordinario crecimiento de países, como China, India o Brasil, o la riqueza de las economías más avanzadas y consolidadas como Estados Unidos, Japón, Alemania o Francia, más allá de crisis coyunturales, se asientan esencialmente en su firme compromiso y apoyo al desarrollo industrial.

Y no sólo porque la industria genere riqueza y empleo, que lo hace de forma sustancial, sino porque su actividad sostiene gran parte del sector servicios, porque proporciona puestos de trabajo cualificados y un índice de empleo fijo superior al 85%, porque impulsa el desarrollo tecnológico y la innovación, y porque, en definitiva, es el motor con el que avanzan la economía y la sociedad.

El Proyecto de Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética es un instrumento exclusivamente ideado para dar solución al problema del déficit tarifario, pero al mismo tiempo obvia que el coste de miles de millones de Euros que traslada a las empresas industriales de nuestro país las deslocalizará en breve generando consecuencias irreversibles sobre nuestra economía.

Si se pone en riesgo el futuro de la industria, si se ponen en riesgo los más de 250.000 Millones de Euros y dos terceras partes del Producto Industrial Bruto que generan los sectores firmantes de este documento, si se ponen en riesgo los más de 4 millones de puestos de trabajo cualificados que proporcionan de forma directa e indirecta, y si se extingue la contribución de nuestra industria a la economía nacional, ya no habrá empresas a las que imponer una presión fiscal desmedida para acabar con el déficit tarifario. Por eso es necesario que el Gobierno comprenda que el Proyecto de Ley debe modificarse para que tratar de solucionar un problema, no suponga generar otro mucho mayor. La industria española, en las condiciones de competitividad actuales, no puede asumir un coste energético de esta magnitud. Ninguna industria de ningún país podría. Y lo peor es que no será como consecuencia de las condiciones del mercado ni porque no seamos capaces de competir con otras industrias del mundo. Será debido a una iniciativa legislativa desproporcionada que, a pesar de perseguir un objetivo comprensible y razonable, no ha previsto que en sus actuales términos arrastrará a nuestras empresas al cierre.

A lo largo de los últimos meses nos hemos reunido con todas las personas y poderes públicos que tienen o pudieran tener competencias en la materia. Una y varias veces. Y seguiremos haciéndolo. Porque el Proyecto de Ley tiene solución y puede modificarse para cumplir sus objetivos sin poner a la industria en riesgo.