La primera duda es la modalidad elegida para su encaje en la normativa
comunitaria, ya que al tratarse de ayudas financiadas por Bruselas (se trataría
de derechos adicionales de pago único) se deberán ajustar estrictamente a lo que
establece la PAC, que en estos asuntos es muy detallista. Si se tratara de
asignar derechos con cargo a la reserva nacional, deberá elegirse una de las
vías tasadas que prevé la normativa (art. 41 del Reglamento 73/2009), que no es
de fácil aplicación a problemas de mercado de un sector concreto.

Sea cual sea la modalidad elegida, deberá definirse si se hace por incremento de
la cuantía de los derechos o por asignación de nuevos derechos, que requerirían
entonces la activación de nuevas hectáreas admisibles por los ganaderos, cosa
problemática por las dificultades estructurales del sector, sobre todo en las
zonas minifundistas, salvo que se facilite tolerando la activación de parcelas
no utilizadas por el ganado.

Otra incógnita, derivada de la anterior, es saber si va a afectar al resto de
las ayudas directas, porque aunque la cantidad anual de 15,5 millones de euros
en cada uno de los dos años es bastante pequeña comparada con el "sobre "
nacional disponible para las ayudas directas (que supera los 5.000 millones de
euros), ya se han producido en otros años recortes generales en las ayudas por
rebasamiento del límite. En principio existe margen para una cantidad tan
reducida: a modo de referencia, la cantidad propuesta es inferior a los
sobrantes no utilizados en España en 2011 de las ayudas específicas disponibles
para los ganaderos: