El Tribunal de Toulouse (Francia) inició el pasado 12 de noviembre un juicio contra la sectorial de productores de maíz (AGPM), la sectorial de productores de trigo (AGPB) y la federación de productores de oleginosas y proteaginosas (FOP), así como contra dos cooperativas cerealistas Haute-Garonne Coopeval y Arteris (antes Toulousaine de céréales).

El motivo del juicio es una denuncia planteada por la organización agraria Confédération Paysanne en la que planteaba que las cooperativas cobraban una cotización a sus socios que luego se revertía en las mencionadas sectoriales, que pertenecen a la organización agraria FNSEA. Las cotizaciones cobradas eran entre 16 a 18 céntimos de euro por tonelada de producto.
La Confédération paysanne y la Coordination rurale se han constituido como parte civil en el caso.
Para las sectoriales, la denuncia de la Confédération paysanne es solo un instrumento deplorable de lucha política y sindical. Defiende que los agricultores nunca han pagado la cuota en contra de su voluntad y que estas contribuciones han servido para financiar servicios que benefician a todos los productores de trigo, maíz, leguminosas y oleaginosas, sin discriminación.

Por el contrario, la Confédération Paysanne mantiene que se trata de un tasa cobrada automáticamente aunque nunca se haya solicitado, mediante un sistema de adhesiones automáticas. La tasa genera un presupuesto de 5 millones de euros anuales, según los cálculos de la organización, que van directamente a financiar a la FNSEA.