El portavoz de Agricultura, Alejandro Alonso, defendió ayer en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente una Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre medidas de apoyo al sector vitivinícola. La iniciativa ha sido rechazada, con el voto en contra del PP a las seis medidas propuestas.

Teniendo en cuenta que España cuenta con un sector vitivinícola muy potente, los socialistas ponen en valor además de “su importancia económica” y “su contribución a la creación de empleo”, “su indudable valor ambiental por sus aportaciones al mantenimiento del paisaje y sus contribuciones a la captura de CO2”. Para plantear la protección del sector también inciden que en “España la producción y consumo de vino forma parte de un acervo cultural presente en todos los rincones de la geografía española”.

Con su pnl, el PSOE muestra su preocupación por la permanente caída del consumo interno, que para Alonso es “el problema más grave” del sector, y solicita acciones del Gobierno para potenciarlo y que apruebe una estrategia nacional que diferencie perfectamente el consumo moderado –beneficioso para la salud dentro de una dieta saludable- del abusivo. “Creemos fundamental que el Gobierno asuma el compromiso, reclamado durante muchísimo tiempo por el ahora partido del Gobierno de que esas campañas se hagan bajo el lema “vino y salud”, añadió Alonso.

Entre otras medidas, la pnl plantea también la posibilidad de que se pueda promocionar como “vino sin alcohol” los vinos desalcoholizados, usando de esta manera el término “vino”, actualmente no permitido por la legislación comunitaria si no es un producto con un grado alcohólico superior a 9.

La pnl además propone garantizar que en esta legislatura no se subirán impuestos en este escenario de bajada de consumo, “compromiso que no asume el PP”, advierte Alonso visto el voto en contra de los populares.

También el GPS pide apoyar la elaboración de los zumos de uva; y aprobar un Plan Estratégico para la Internacionalización del Sector Vitivinícola, porque “España tiene que seguir apostando por implementar una estrategia para asegurar la presencia de los vinos españoles en los mercados internacionales y que no sea coyuntural, sino con valor añadido”, subrayó Alonso.

En relación con el sector del vino, en esta sesión, la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sí ha realizado de forma consensuada una Declaración institucional a favor de la cultura del vino como candidata a ser Patrimonio de la Humanidad.

“Un pacto social por el agua”

En la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente también se ha debatido sobre la gestión del agua al hilo de una pnl presentada por UPyD, y el portavoz socialista de Medio Ambiente, José Luis Ábalos, pidió “un pacto social por el agua” que implique a las Administraciones, grupos políticos, agentes económicos y sociales.

Ante la pretensión de asignar la titularidad del agua a una administración o recentralizar la gestión del agua, Ábalos rechazó que se trate de hacer “política con el agua” y su mercantilización y argumentó que el Grupo Parlamentario Socialista “defiende que son los ciudadanos los titulares de ese recurso natural”.

El portavoz de Medio Ambiente del GPS ha instado a la Comisión a “concluir los planes de cuenca acomodándolos a la Directiva Marco de Aguas, especialmente los objetivos de transparencia, información y participación; a incorporar en todos los planes de cuenca las prescripciones científicas recomendadas en los estudios de cambio climático; a implementar una estrategia de sostenibilidad hídrica, imprescindible para asentar las bases de la garantía de suministro; y a propiciar las bases para un pacto social por el agua, que implique a las Administraciones, Grupos Políticos, Agentes Económicos y Sociales.

Ábalos insistió en que la demarcación hidrográfica debe ser la unidad de gestión indivisible, y que en ésta deben intervenir todos los actores implicados, desde la Administración General del Estado, a quien compete en exclusiva la planificación, pasando por las Autonomías que tienen competencias sobre el territorio y el medio ambiente; la Administración Local, que es la responsable de los servicios de abastecimiento urbanos; hasta los usuarios y asociaciones ciudadanas.

“En definitiva”, dijo Ábalos, “nuestra posición no pasa porque una administración se apropie de la competencia de gestionar un bien público excluyendo a las demás, porque nada garantiza que no lo vaya a hacer para privatizarlo tal y como acaba de suceder en buena medida con la reciente reforma de la Ley de Aguas, o lo que se avecina con la Ley de Costas”.