La ministra alemana de Alimentación, Agricultura y Protección del Consumidor, Ilse Aigner, y el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), José Graziano da Silva, han pedido un aumento significativo de inversiones responsables en agricultura para erradicar el hambre y alimentar a la creciente población mundial.
Las inversiones en agricultura son todavía muy escasas en aquellas regiones donde la pobreza rural y el hambre son más graves, según subrayaron hoy Aigner y Graziano da Silva, en Berlín, en el curso de una Cumbre de ministros de Agricultura que se celebra en la capital alemana.

«Tenemos que concentrar nuestros esfuerzos en los agricultores. Ellos son los actores principales en el mundo rural y aquí reside el mayor potencial para generar valor añadido, tanto en terminos de desarrollo económico como de garantizar la seguridad alimentaria de sus países», señaló Aigner. «El Gobierno alemán -añadió- gasta más de 700 millones de euros al año en seguridad alimentaria y desarrollo rural en los países en desarrollo. Uno de los objetivos es lograr incrementos sostenibles de producción. Lo hacemos, por ejemplo, a través de promover la educación y formación a nivel local, y hemos iniciado diversos planes importantes de formación agrícola».

«La inversión agrícola ha demostrado ser desde hace tiempo uno de los medios más eficaces y sostenibles para la reducción del hambre y la pobreza. Tenemos que invertir más. Y lo que es igual de importante, tenemos que invertir mejor», aseguró Graziano da Silva. «Corresponde a los gobiernos nacionales, con la ayuda de la comunidad internacional, crear las condiciones para que los campesinos puedan invertir más e incrementar sus propias inversiones de forma que generen beneficios económicos y sociales, así como resultados sostenibles a nivel ambiental».

En la actualidad, cerca de 870 millones de personas entre las más pobres del mundo -una de cada ocho-, padecen hambre y no tienen acceso suficiente a alimentos. La mayoría viven en zonas rurales de los países en desarrollo.

Inversiones agrícolas responsables

Aigner y Graziano da Silva pidieron a los gobiernos que contribuyan a elaborar orientaciones para las inversiones agrícolas responsables, cuestión que será discutida por los gobiernos, la sociedad civil y representantes del sector privado en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA). Las inversiones en agricultura deben dirigirse a los pobres de las zonas rurales de los países en desarrollo, según explicaron.

Las inversiones también deben ayudar a que los sistemas agrícolas y alimentarios sean menos vulnerables, más equitativos y ecológicos y con menos desperdicios.

Los más de mil millones de agricultores que hay en el mundo deberían estar en el centro de las nuevas estrategias de inversión, ya que son -con diferencia- los mayores inversores en agricultura, tras la inversion pública y la inversion extranjera privada. Los campesinos de 76 países de bajos y medianos ingresos invierten cerca de 170 000 millones de dólares EEUU al año en sus granjas, unos 150 dólares por agricultor, según los calculos, de la FAO. Esta cifra representa el triple que todas las otras fuentes de inversión combinadas, incluida la inversión pública, la inversión extranjera del sector privado y la ayuda oficial al desarrollo.

Se debe prestar especial atención a los pequeños agricultores, que necesitan apoyo para superar las barreras que les impiden producir más alimentos, ahorrar e invetir, y hacer frente a los nuevos retos y dificultades relacionados con el cambio climático.

Aigner y Graziano da Silva destacaron que los agricultores necesitan un entorno favorable que haga que la agricultura sea atractiva para las inversiones. Requieren para ello de una buena gobernanza, incentivos claros y equitativos, y acceso a buenas infraestructuras, servicios públicos e información en las zonas rurales. Los gobiernos nacionales deben garantizar que se cumplan estas condiciones.

La buena gobernanza de las inversiones a gran escala, a menudo realizadas por inversores internacionales, es necesaria para garantizar que se protegen los derechos y los medios de subsistencia de las comunidades locales y se evita la degradación de los recursos naturales.