Las Organizaciones Ganaderas de productores de ganado porcino (ANPROGAPOR), de vacuno (APROSOVAC), de huevos (ASEPRHU), de carne de pollo (PROPOLLO) y de conejo (CONACUN) apoyan el proyecto de Ley de Medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria que prepara el Ministerio de Agricultura.

Han dirigido una carta conjunta al Ministro de Agricultura, en la que exponen su apoyo al proyecto de Ley. En la carta señalan que si bien es positivo clarificar las finalidades de las Organizaciones Interprofesionales, la mejora puede verse condicionada por la exigencia de mayores porcentajes de representatividad de las OO.II.AA. tanto para su constitución como para elevar al Ministerio un acuerdo de extensión de norma.

Las organizaciones también se muestran favorables a que exista un catálogo de infracciones y sanciones, que consideran prioritario para la correcta aplicación de la Ley y apoyan que sea el Ministerio quien ejerza la potestad sancionadora. Hace unos días, la Comisión Nacional de la Competencia presentó su dictamen y una de las cuestiones que recogía era su desacuerdo con el sistema de infracciones administrativas y régimen sancionador propuesto, por considerar que generaría un elevado riesgo de ruptura de la unidad de mercado al posibilitar la aplicación incoherente del régimen dependiendo del ámbito territorial de referencia.

Esperan que esta futura Ley consiga subsanar el deficiente funcionamiento del sistema de formación de precios actual y evitar la incertidumbre que padecen todas las actividades sectoriales ganaderas que dan trabajo a más de 400.000 personas.

El Anteproyecto de Ley para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria fue aprobado en octubre pasado por el Consejo de Ministros. Dicho Anteproyecto cuenta con dos ejes principales. Uno de ellos es que regula los contratos, estableciendo una batería de obligaciones como la de formalizar por escrito los contratos alimentarios; prohibir determinadas prácticas comerciales, como modificaciones unilaterales de los contratos y los pagos comerciales no previstos y regular otras, como el suministro de información comercial sensible, la gestión de marcas y las subastas electrónicas.

El otro pilar es establecer un Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria, con un sistema de arbitraje para la resolución de conflictos, así como un registro estatal de los operadores adheridos.