El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, pidió ayer que la Ley de la cadena alimentaria prohíba las ventas a pérdidas, establezca un mediador para los casos de conflicto, impida que los agricultores y ganaderos cobren por sus productos menos de lo que les cuesta producir e instaure un duro régimen de sanciones que evite los comportamientos abusivos de los operadores del mercado.

El líder de la organización profesional agraria ha desgranado estas demandas en una comparecencia que ha tenido lugar esta mañana ante numerosos diputados reunidos en la Comisión de Agricultura del Congreso, a la que también han acudido otras organizaciones agrarias y representantes de la industria y la distribución.
Ramos ha incidido ante los parlamentarios en que tengan en cuenta las declaraciones del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que demandó a Mariano Rajoy que se incluyera en la Ley de la cadena alimentaria que “los precios de la leche no puedan ser inferiores a los costes de producción”. UPA ha encomendado a todos los grupos políticos a que trabajen de forma conjunta en el trámite parlamentario para que las enmiendas a la ley se aprueben por unanimidad.

Propuestas concretas de enmiendas

UPA ha valorado positivamente el Proyecto de Ley, aunque considera que ciertos aspectos son mejorables y “marcarán la diferencia entre una normativa que únicamente quede bien sobre el papel o una Ley que reequilibre el sistema agroalimentario en España, beneficiando a todos los eslabones de la cadena”. En este sentido, UPA propone que los grupos parlamentarios enmienden el Proyecto de Ley en los siguientes aspectos:
Venta a pérdidas: UPA considera que la denominada venta a pérdidas debe considerarse una práctica comercial abusiva prohibida. Las empresas de distribución venden determinados productos por debajo de coste, registrando pérdidas, que compensan con el efecto reclamo que ejercen dichas ofertas. Estas prácticas destruyen valor a lo largo de toda la cadena, hundiendo finalmente las cotizaciones en origen y destruyendo explotaciones. La leche, el aceite de oliva y la carne de conejo son los principales ejemplos de estas prácticas.

Incumplimiento de los plazos de pago: los agricultores y ganaderos exigen que se considere como práctica comercial abusiva el incumplimiento de la Ley 15/2010 de Morosidad. De esta manera se aplicarían sanciones para aquellos que no cumpliesen con sus pagos. UPA también ha pedido al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que se comprometa a desarrollar el listado de productos perecederos. En estos momentos, la leche cruda no se considera un producto perecedero, pudiendo pagarse a dos meses vista.
Régimen sancionador: la organización UPA ha manifestado su temor por que el régimen de sanciones no se adecúe al beneficio obtenido por las mismas. Los agricultores pedirán a los grupos parlamentarios que las multas para los que incumplan sean lo suficientemente disuasorias para que la Ley sea efectiva.

Sistema de arbitraje en caso de conflicto: la Ley de la cadena establecerá como obligatorios los contratos por escrito entre proveedores y compradores, aunque el desequilibrio existente actualmente entre las partes podría, a juicio de UPA, generar algunos conflictos. Para resolverlos, la organización propone que la Ley establezca un sistema de mediación y arbitraje, que sería ejercido por el Observatorio de la Cadena Alimentaria y la Agencia de Información y Control Alimentarios

Precios que cubran costes de producción: los contratos obligatorios por escrito incluirán información como los plazos de pago, las cantidades, volúmenes, etc. pero también deberían recoger un sistema de retribución que esté ligado a indicadores de precios en base a los costes de producción, acordados libremente en el seno de las organizaciones interprofesionales.