El Reglamento sobre seguridad alimentaria afirma que no se comercializarán los alimentos que no sean seguros, es decir, que sean nocivos para la salud o que no sean aptos para el consumo humano. En este último caso se trata de alimentos inaceptables para el consumo humano de acuerdo con el uso para el que están destinados, por estar contaminados o estar putrefactos, deteriorados o descompuestos. Los Estados miembros deben mantener un sistema de controles oficiales y llevar a cabo otras actividades oportunas, incluida la información al público sobre la inocuidad y los riesgos de los alimentos.

Los días 16 y 18 de enero de 2006, la oficina veterinaria de Passau (Alemania) llevó a cabo controles oficiales en varios locales de la sociedad Berger Wild GmbH, que opera en el sector de la transformación y de la distribución de carne de caza. Los análisis realizados revelaron que los alimentos en cuestión no eran aptos para el consumo humano. Las autoridades bávaras anunciaron a la empresa su intención de informar de ello al público, a menos que ella misma se encargase de hacerlo de manera efectiva y a tiempo. Berger se opuso por considerar que, si bien los alimentos podían presentar anomalías en el plano organoléptico, no suponían un peligro para la salud. Propuso la publicación de una «alerta de productos» en la que invitaría a sus clientes a dirigirse a sus puntos de venta habituales para canjear los productos afectados.

En tres comunicados de prensa de 24, 25 y 27 de enero, el Ministro de Protección de los
Consumidores del Freistaat Bayern anunció la retirada de los productos en cuestión. Indicó que los controles habían puesto de manifiesto que dichos productos presentaban un olor rancio, fétido, enmohecido o ácido y que, en algunos casos, el proceso de putrefacción ya había comenzado. Añadió que, al haber apreciado en algunos de los locales de Berger unas condiciones repugnantes desde el punto de vista higiénico, se había prohibido a dicha empresa comercializar temporalmente los productos fabricados o manipulados en sus locales.

En un discurso pronunciado ante el Parlamento bávaro el 31 de enero de 2006, dicho ministro declaró que, dado que Berger se había declarado insolvente ese mismo día, la sociedad ya no podía comercializar mercancías, y que, por tanto, podían excluirse riesgos sanitarios derivados de la comercialización de nuevos productos.

Al considerar que había sufrido un perjuicio grave a causa de los comunicados de prensa de las autoridades del Freistaat Bayern, Berger interpuso una demanda por daños y perjuicios contra éste.