El Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), el órgano asesor del Gobierno en esta materia, debatió ayer el anteproyecto de Ley de Parques Nacionales y el de Evaluación Ambiental, en una reunión presidida por el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos.
Federico Ramos ha explicado el contenido y los objetivos de estas iniciativas a los representantes de las organizaciones ecologistas, sindicales, empresariales, agrarias y de los consumidores, entre otras entidades, que integran el CAMA.
El Secretario de Estado ha subrayado ante el Consejo que la futura normativa “garantizará la preservación de los Parques Nacionales como espacios naturales excepcionales” y que “su óptima preservación y conservación ha de ser el compromiso máximo que debe orientar su marco legislativo”.
Ha añadido que, junto a este primer objetivo de conservación, también se pretende potenciar su integración en la sociedad, mejorar su régimen de planificación, favorecer la coordinación entre las Administraciones y simplificar la declaración de estos espacios protegidos.
Para preservar estos espacios, el Anteproyecto introduce el establecimiento de unos niveles mínimos de conservación, e incluye medidas para potenciar la coordinación y cooperación entre las administraciones públicas.
Permite también la intervención estatal directa ante catástrofes o situaciones extraordinarias que pongan en peligro los valores de estos espacios protegidos.
SUMAR ESFUERZOS
En materia de evaluación ambiental, Federico Ramos ha asegurado que el Anteproyecto está orientado “a sumar esfuerzos para proteger el medio ambiente”, y que garantiza un alto nivel de protección a través de la prevención.
Ha indicado que se reforzará el carácter preventivo de la ley al exigir un elevado nivel de calidad de los documentos y estudios sobre los que los órganos ambientales tienen que pronunciarse y al determinarse con mayor precisión los trámites de los procedimientos administrativos de la evaluación ambiental.
Asimismo, Ramos ha informado al Consejo de que la futura Ley simplificará la evaluación ambiental, mediante la unificación en un solo cuerpo legal de las leyes de evaluación ambiental estratégica y de evaluación de impacto ambiental.
Esta norma busca solucionar los problemas detectados en el ámbito de la evaluación ambiental, entre otros, evitar dilaciones de difícil justificación desde el punto de vista ambiental.
“Los procedimientos excesivamente largos no favorecen la protección del medio ambiente”, ha subrayado Federico Ramos, quien ha recordado que “podemos proteger al ciudadano y al medio ambiente a la vez”.
Por primera vez, según ha añadido, el Anteproyecto de Ley introduce la obligación de analizar las repercusiones de los planes, programas y proyectos sobre el cambio climático, para lo cual, deberán utilizarse las informaciones y las técnicas que estén disponibles en cada momento.
Por último, Ramos ha valorado que el Anteproyecto de Ley de Evaluación Ambiental atiende a una demanda de la sociedad y prevé que los proyectos que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica o “fracking” se sometan también a evaluación de impacto ambiental ordinaria.
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