Con la conclusión del dialogo a tres (Consejo de Ministros de los países miembros, Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo y Comisión Europea para la Agricultura y el Desarrollo Rural), la Política Agricola Común con el horizonte de 2020 ha quedado definida en casi todos sus aspectos principales. Y hoy podemos afirmar con certeza que la nueva PAC no ha centrado los objetivos que se había asignado, con miras a orientar la agricultura europea de una forma “más verde y más justa”. También se han visto desatendidas las esperanzas de la sociedad civil, que solicitó “dineros públicos para bienes públicos”, es decir, que los recursos comunes fueran destinados a objetivos y bienes comunes.
Slow Food juzga con frialdad, cuando menos, los acuerdos alcanzados, ante todo por la excesiva discrecionalidad que conceden a los estados miembros sobre cuestiones fundamentales como las ayudas a los pequeños agricultores, el tope máximo y la reducción de los pagos más ingentes a favor de quien recibe menos (el 80% de los agricultores europeos), y el desplazamiento de recursos del pilar reservado al desarrollo rural a favor de aquel otro, ya preponderante, vinculado a los pagos directos.
«Una verdadera Política Común debería ser común, y no interpretable, redefinible según los intereses nacionales, que con frecuencia y generalmente son orientados con facilidad por los lobbies a favor de grandes producciones y monocultivos», comenta sobre la marcha Carlo Petrini, presidente de Slow Food. Se puede hablar de “des-europización” de la PAC: «Está claro que nuestra acción por una agricultura más verde y más justa ha de trasladarse ahora hacia los gobiernos nacionales, para presionar a fin de que la pequeña agricultura sostenible no se vea demasiado castigada. La partida no ha terminado».
Por lo que respecta al denominado “greening” –las medidas ecológicas a realizar para recibir el 30% de los pagos directos-, el punto de partida sigue siendo débil desafortunadamente. Es una medida de principio importante, pero que en sus normas de aplicación pone en peligro de eximir al 60% de las tierras cultivadas en Europa.
Por otra parte, la falta de un mecanismo de supervisión sobre el impacto que la PAC podría producir sobre países pobres o en vías de desarrollo, no parece indicar una auténtica voluntad de poner fin a prácticas comerciales que pueden influir de una manera decidida sobre los problemas del hambre, de la malnutrición y de la afirmación de la soberanía alimentaria de las comunidades del mundo.
Las pocas mejoras conseguidas, como un leve aumento del subsidio a los jóvenes agricultores o la simplificación burocrática para las pequeñas empresas, no son, sin embargo, suficientes para reorientar un juicio de conjunto negativo.
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