ASAJA GRANADA denuncia la falta de voluntad política para tratar de regular unas tarifas eléctricas que se adapten a los consumos de los regantes y no verse obligados estos a pagar durante todo el año unos términos de potencia que solo necesitan durante los críticos meses que dura la campaña de riego. Está bajo amenaza en nuestra provincia el 95% de la superficie de cultivos de hortícolas, casi el 100% del viñedo, tubérculos, frutales y cítricos, además del 25% de olivar, el 20% de cereales y el 5% de frutos secos.

A día de hoy la electricidad ocupa el primer lugar de la lista de los costes de una explotación de regadío, superando a semillas, fertilizantes, gasóleo e incluso los costes laborales en determinados cultivos. La desproporcionada subida de la factura energética no ha sido de la noche a la mañana. El primer golpe lo asestó el Gobierno socialista en junio de 2008 cuando suspendió las tarifas especiales de riego incorporando al sector al mal denominado mercado libre, lo que provocó un incremento de un 110% de los costes de la energía y el segundo golpe lo ha dado en 2013 el actual Gobierno con la última reforma aplicada en el pasado mes de agosto incrementando la factura de los regantes hasta un 230%, anunciando, por si fuera poco, una nueva subida en enero de 2014.

ASAJA GRANADA da la voz de alarma ante esta severa realidad que puede suponer el abandono los cultivos de regadío en nuestra provincia, que representan el 95% de la superficie de hortícolas, casi el 100% del viñedo, tubérculos, frutales y cítricos, el 25% de olivar, el 20% de cereales y el 5% de frutos secos, y , asimismo, traslada el descontento y frustración de los regantes por la falta de voluntad política para tratar de regular unas tarifas eléctricas que se adapten a sus consumos y no verse obligados a pagar durante todo el año unos términos de potencia que solo necesitan durante los críticos meses que dura la campaña para el bombeo de agua. De hecho sólo utilizan un 8% anual de la potencia contratada, según reconoce la propia Comisión Nacional de la Energía. A pesar de todo el Ministerio de Industria no quiere reconocer este carácter estacional del regadío y sigue creando un agravio comparativo con otros sectores productivos como la metalurgia, la siderurgia, el cemento o los aluminios a quienes beneficia con reducciones del peaje de la energía por kilovatio consumido o exenciones del impuesto de la electricidad del 85%.

Está en juego toda la inversión realizada hasta ahora en modernización y la viabilidad de 50.000 explotaciones agrícolas en Andalucía, 8.000 de ellas en Granada. No se trata de trato de favor sino de arbitrar soluciones que pasen por cobrar solamente por la potencia que se usa, tales como los contratos de temporada, una fórmula que estaba ya sobre la mesa pero que no ha llegado a concretarse. El sector está en pie de guerra y está trabajando para organizar movilizaciones en toda España para concienciar sobre este grave riesgo de que desparezca la agricultura de regadío, el auténtico motor del mundo rural (con una productividad seis veces superior al secano) y la que ofrece más oportunidades de empleo y da relevo en el campo.