La consejera de Agroganadería de Asturias, María Jesús Álvarez, realizó el viernes, ante el pleno de la Junta General del Principado, una reivindicación pública de la labor que realiza el sector ganadero y ha pedido que no se criminalice a los ganaderos por el cobro de los daños de la fauna salvaje. María Jesús Álvarez ha apelado a la discreción que tiene que guardar dada la investigación abierta por la Guardia Civil en un supuesto doble cobro de indemnizaciones pero, con rotundidad, ha manifestado que se opone a que se diga que los ganaderos asturianos como colectivo o como sector sean defraudadores o estafadores. “No lo creo y no creo que de los datos sobre posibles comportamientos irregulares que pudieran afectar a una parte minoritaria del colectivo puedan extraerse esas conclusiones”, ha declarado.
La titular de Agroganadería ha explicado que la responsabilidad de la indemnización de los daños causados por la fauna está bien definida en la Ley y en el Reglamento de Caza del Principado, que vienen a establecer un modelo en el que el resarcimiento de los daños producidos por las especies cinegéticas es del titular o adjudicatario de los derechos cinegéticos (la Administración o las Sociedades de Cazadores gestoras de Cotos Regionales de Caza, respectivamente, y según los casos), mientras que los provocados por especies no cinegéticas corresponde siempre a la Administración.
Este esquema ha venido funcionando desde que se aprobaron estos textos legales (en 1989 la Ley de Caza del Principado y en 1991 el Reglamento) y todo ello con las dificultades inherentes al procedimiento como son la demostración del origen del daño, tasación de su valor, lapso de tiempo de tramitación y pago. No obstante, ha recalcado que “se ha convertido en regla conocida en todo el medio rural”.
La consejera ha indicado que en los últimos cuatro años se han tramitado por parte de la Administración del Principado una media de 6.921 expedientes con resolución positiva, lo que viene a suponer un importe medio anual de 2.258.150 euros. Y ha señalado que el importe medio de las indemnizaciones anuales por daños de lobo en ese mismo periodo es ligeramente superior a 977.000 euros, cantidad satisfecha para indemnizar una media anual de 459 cabezas de caprino, 781 cabezas de bovino, 1.015 de ovino y 1.526 de equino.
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