ASAJA de Castilla y León ha pedido al Ministerio de Agricultura que “mueva ficha” para que la rigidez sobre las concesiones de agua para aprovechamientos de menos de 7.000 m3/año no cierre el camino a nuevos negocios de emprendedores rurales, principalmente granjas ganaderas o pequeñas industrias agroalimentarias. El problema, que afecta a buena parte de las aguas subterráneas del centro de la meseta, en concreto a las masas de agua de Tordesillas, Los Arenales, Medina del Campo y Tierra del Vino, ha paralizado ya cerca de un centenar de proyectos, “y muchos otros ni siquiera lo han intentado porque saben de antemano que no contarán con una concesión de agua imprescindible para cualquier empresa que se ponga en marcha”, subraya ASAJA.

En la reunión celebrada hoy por las organizaciones agrarias con el equipo de la Confederación Hidrográfica del Duero, encabezado por su presidente, Juan Ignacio Diego Ruiz, “ha quedado claro que no se trata de un problema de falta de recursos hídricos, que harían comprensible la paralización de concesiones. Se trata de un problema de falta de encaje legal, puesto que, tal como se redactó el Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero no deja ninguna posibilidad para estas concesiones”. ASAJA critica la “torpeza del que redactó y aprobó con estas carencias el Plan Hidrológico, y además hace cuatro días, puesto que data de 2013”.

ASAJA califica de “quimeras” las alternativas propuestas desde la CHD, la primera de ellas sería proponer modificaciones al Plan Hidrológico, “cambios que según ellos estarían listos a finales de este año, un plazo ya de por sí largo y encima increíble, cuando conocemos el procedimiento y siempre se ha demorado varios años, y más teniendo en cuenta que estamos en un año convulso plagado de elecciones”. También rechaza ASAJA la idea de trasladar “la patata caliente” a estos peticionarios de concesiones para que sean ellos los que se pongan de acuerdo son alguien en su pueblo o zona que les ceda parte del agua que no necesite. “Un sistema delicado, porque primero depende de la voluntad de esos posibles cedentes, que encima no lo harían gratis, con lo cual se crearía un mercadeo entre particulares que va contra el derecho al uso del agua como bien público”, apunta la OPA.