Con un año de funcionamiento ya desde su creación, la AICA empieza a cumplir su objetivo fundamental, el control del cumplimiento de la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria en lo que respecta a la regulación de las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena alimentaria (agricultores y ganaderos, fabricantes de alimentación y bebidas y distribuidores).
Tanto la leche como el aceite de oliva son productos que habitualmente se utilizan en las cadenas de distribución como productos reclamo, se ponen en oferta para atraer a los consumidores. La AICA ha puesto en marcha ya la primera medida de control de esta práctica. La medida en concreto denominada como “ofertómetro” consiste en investigar las ofertas de aceite de oliva que se venden por debajo de un umbral o cotización determinados, con el fin de determinar si hay alguna práctica comercial ilícita o abusiva que esté perjudicando al primer eslabón de la cadena, el agricultor. En el aceite de oliva los precios de corte utilizados son de 2,21€/litro para el aceite de oliva, 2,53€/litro para el aceite de oliva virgen, y 2,61€/litro para el virgen extra, según la información de ASAJA Córdoba.
Para la AICA hay cinco posibles causas que podrían estar detrás de esos bajos precios: 1) el negociador consigue precios bajos, 2)el producto está próximo a fecha de consumo preferente, 3) puede haber relación abusiva entre las partes, 4) se vende a pérdidas, o 5) se vende a bajo precio por problemas de calidad respecto al etiquetado.
El muestreo se realiza teniendo en cuenta las ofertas anunciadas en folletos o páginas Web de la distribución. Cuando se detectan precios por debajo de los de corte, se toman muestras de la botella para determinar por un lado el cumplimiento de la Ley 12/2013 y por otro lado la calidad intrínseca del aceite. Entonces la AICA solicita información adicional a la empresa para demostrar las compras mientras que al mismo tiempo se realizan los análisis necesarios para comprobar la calidad del aceite. Si la AICA considera que puede haber una venta a pérdidas, remite el expediente a la autoridad competente (Comunidad Autónoma) para que actúe en consecuencia, si lo que deduce es la existencia de un abuso, la propia Agencia inicia un expediente.
Hasta finales de febrero se habían investigado 57 ofertas de aceites de oliva, y tras comprobar documentalmente si cumplían o no la ley, 48 de esos expedientes se han transformado en denuncias, la mayoría por venta a pérdidas.
ASAJA Córdoba reconoce la importancia de este tipo de medidas para que el agricultor o ganadero obtenga precios justos por sus productos y se acabe con los abusos de la cadena de distribución.
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