No soy tan incauto como para creer o pensar, que aquello que viene de Francia, por ser francés, es un modelo. Aunque reconozco que siempre me ha gustado, como a muchos, aquello de “siempre nos quedará París”.
En todo caso llama la atención que nuestros compatriotas comunitarios de “la France agricole”, se permitan unos “lujos” que parecen estar solo a su alcance. Y no me refiero a los caprichos que se dan, de forma recurrente, en la época estival, paralizando camiones que transportan frutas, hortalizas o carnes de la Unión Europea, por ejemplo de nuestro país, amenazando o agrediendo directamente a los camioneros y derribando y destruyendo la carga. Sin la menor consideración al derecho comunitario de libre circulación y con la comprensión colaborativa de la gendarmería y de las autoridades francesas. Al tiempo que los organismos comunitarios se sumergen en el absentismo vacacional.
No. A lo que me refiero es al paradigma con mayúsculas, la defensa a ultranza de lo propio, la agricultura francesa, más allá del burocrático sistema establecido de normas comunitarias. El problema es que cuando el derecho no es compartido, rige la ley del embudo.
Pero, cómo no aplaudir al ministro de agricultura francés, Stéphane Le Foll, cuando se sienta con agricultores y ganaderos, industrias y distribución y alcanzan un acuerdo de precios para la carne de porcino, de vacuno y para la leche, con el fin de pagar al ganadero un precio por encima de sus costes de producción y garantizar la rentabilidad de las explotaciones y por lo tanto su futuro. Cómo no aplaudir al primer ministro Manuel Valls cuando se propone que todos los organismos públicos franceses hagan todas sus licitaciones y compras públicas de alimentos procedentes de Francia. Cómo no aplaudir también al ministro de economía francés Emmanuel Macron, cuando declara con contundencia que pagar un precio al ganadero por debajo de los costes de producción es una práctica de competencia desleal, que hay que erradicar porque afecta al libre mercado. ¡DE ACUERDO! Nuestra Organización viene reivindicando estas medidas y bastante más, en nuestro país, desde hace décadas.
¿Pero, por qué puede hacer esto con su agricultura el gobierno francés y no lo puede hacer el gobierno español con nuestro sector agrario? ¿Por qué aquí se apela casi con fervor a las normas de competencia, comunitarias y españolas, que como el ojo del Gran Hermano siempre nos vigilan y castigan? Y mientras tanto nuestros hombres y mujeres del campo se arruinan, percibiendo unos precios anormalmente bajos, que no cubren costes de producción, para que se llenen los bolsillos los grandes operadores agroalimentarios. ¡Qué alguien nos de una explicación!
Entretanto, “tócala otra vez, Sam” que aunque nos tomen por incautos, “siempre nos quedará París”.
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