La Unión Europea ha blindado jurídicamente el mecanismo de protección para los sectores agrícolas sensibles tras la publicación oficial del reglamento que regula las cláusulas de salvaguardia bilaterales. La normativa, que entrará en vigor el próximo 8 de abril, establece los procedimientos para retirar las preferencias arancelarias si las importaciones de los países sudamericanos desestabilizan el mercado comunitario.
El Diario Oficial de la Unión Europea publicó ayer el Reglamento (UE) 2026/687, culminando así el proceso legislativo iniciado para calmar los recelos del sector agrario ante el acuerdo con Mercosur. El texto, firmado por la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y la presidenta del Consejo, Marie-Louise Raouna, se aplicará inicialmente al Acuerdo Interino de Comercio (ITA) y, posteriormente, al Acuerdo de Asociación (EMPA) una vez que este último sea plenamente efectivo.
Un escudo con fecha de activación
La nueva normativa otorga a la Comisión Europea la capacidad de intervenir de forma proactiva en el mercado si detecta perjuicios graves para los productores de la Unión. A diferencia de otros mecanismos de defensa comercial, este reglamento permite iniciar investigaciones de oficio sin necesidad de una denuncia previa del sector, basándose en un seguimiento constante de precios y volúmenes de importación que se evaluarán cada seis meses.
El reglamento especifica que las medidas de salvaguardia podrán consistir en la suspensión de nuevas reducciones arancelarias o en la recuperación de los aranceles de «nación más favorecida», con un límite máximo de cuatro años de duración total, incluyendo las posibles prórrogas.
El listado de la vigilancia estrecha
El anexo del reglamento identifica un catálogo de productos sensibles que estarán bajo lupa constante, entre los que destacan la carne de vacuno, porcino y aves, además de la leche en polvo, el arroz, la miel y el azúcar . Para el sector español, resulta especialmente relevante la inclusión detallada de los cítricos (naranjas, limones y mandarinas), identificados mediante sus líneas arancelarias específicas para evitar cualquier elusión del control.
En situaciones de «urgencia imperiosa», la Comisión podrá adoptar medidas provisionales en un plazo máximo de cinco días hábiles tras la solicitud de un Estado miembro, una agilidad administrativa diseñada para evitar que el daño al sector sea irreversible durante la tramitación de la investigación principal.
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