Enfado entre los agricultores por la aplicación provisional del acuerdo con Mercosur

La aplicación provisional del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur ha reactivado el choque con el campo europeo. Tras el anuncio realizado en Bruselas por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, las principales organizaciones agrarias españolas han advertido de un impacto directo en sectores sensibles y han puesto el foco en la reciente auditoría comunitaria sobre el sistema brasileño de control de residuos hormonales en carne destinada a la UE.

ASAJA califica la decisión de acelerar la aplicación provisional del acuerdo como una “traición” al sector agrario europeo y considera especialmente grave que el paso se produzca después de la publicación del informe final de auditoría DG(SANTE) CT-2025-0241, realizado en Brasil del 14 al 31 de octubre de 2025 y publicado el 25 de febrero de 2026.

En ese documento, la Comisión concluye que la recomendación crítica para garantizar que no se exporte a la UE carne procedente de bovinos tratados con estradiol 17β no se ha abordado de forma satisfactoria y que las medidas adoptadas no han sido plenamente eficaces para excluir productos no conformes, lo que, según el propio informe, debilita la confianza en el sistema de control.

COAG también rechaza la aplicación provisional del acuerdo UE-Mercosur y reclama al Parlamento Europeo y al Consejo que no avancen hacia la ratificación. La organización subraya que la diferencia, en este caso, es que las dudas no proceden de una denuncia del sector, sino de los auditores comunitarios. En palabras del secretario general de COAG, “no tiene precedentes” que la propia institución que impulsa el acuerdo haya dejado por escrito fallos estructurales en el control de la carne brasileña.

La organización desgrana cinco puntos que, a su juicio, ponen en cuestión la equivalencia de estándares: riesgo de certificación de hembras tratadas con ésteres de estradiol sin registro fiable; ausencia de obligación de comunicar compras y prescripciones de fármacos a agencias certificadoras; certificados con validez anual sin controles adicionales en periodos críticos; falta de un procedimiento de notificación urgente cuando se detectan animales tratados incluidos por error en certificados; y un esquema de auditorías que dejaba sin revisar a la mayoría de explotaciones. Sobre ese contexto, COAG recuerda que el acuerdo contempla contingentes de carne de vacuno con aranceles reducidos y plantea que la competencia sería asimétrica si no se garantizan controles equivalentes.

Unión de Uniones, por su parte, rechaza con firmeza el anuncio de la Comisión y pide la dimisión de von der Leyen, al considerar que se fuerza el procedimiento político y se pretende convertir la aplicación provisional en un atajo. La organización sostiene que la cláusula de salvaguarda agraria anunciada por Bruselas no ofrecería una protección automática y teme que actúe cuando el daño ya esté hecho. También vincula la decisión al informe DG SANTE sobre Brasil y advierte de que la seguridad alimentaria no debería quedar subordinada a objetivos geoestratégicos.

Las tres organizaciones coinciden en reclamar reciprocidad real en normas sanitarias, medioambientales y de bienestar animal, y en que el proceso institucional no está cerrado. En el plano comunitario, el acuerdo todavía debe transitar por los pasos previstos y permanece abierto el debate político entre Estados miembros, con países que han mostrado su rechazo y otros que defienden el avance por razones económicas y estratégicas.

En España, el foco de las peticiones se dirige al Gobierno para que endurezca su posición en el Consejo y estudie vías jurídicas si se habilitan, mientras las organizaciones anticipan que mantendrán la presión y el calendario de movilizaciones. En ese marco, la aplicación provisional UE Mercosur se convierte en el eje del choque entre política comercial y exigencias de competencia en igualdad de condiciones, con la auditoría DG SANTE sobre Brasil como munición principal en el debate.