Las negociaciones para reformar el Sistema Generalizado de Preferencias (SPG) han concluido con un acuerdo político que introduce una cláusula de salvaguardia automática para el arroz, pero el sector arrocero europeo coincide en que el compromiso se queda muy lejos de garantizar unas condiciones de competencia equilibradas. Tras años de debates y meses de intercambios técnicos, el trílogo entre Comisión, Parlamento y Consejo ha cerrado un expediente abierto desde hace tiempo, con el voto en contra de España, Grecia e Italia, los principales productores de la UE. El resultado del acuerdo ha sido calificado como “oportunidad perdida” para el conjunto de la cadena de valor del arroz –productores, molineros y organizaciones agrarias–.

El mecanismo aprobado fija la cláusula de salvaguardia del arroz en el SPG a partir de una media de diez años de importaciones, estimada en 387.000 t, sobre la que se aplica un margen adicional del 45 %. El umbral de activación queda así en 562.000 t y se someterá a una revisión anual a partir de su entrada en vigor, prevista para 2027. La Comisión ha diseñado este límite para que solo salte en lo que se considera una “situación verdaderamente excepcional” en el mercado del arroz, tomando como referencia los niveles históricamente elevados de importaciones actuales.

El COPA-COGECA recuerda que las entradas de arroz de bajo coste procedente de países menos adelantados han alcanzado este año niveles récord, en torno a 547.000 t, superando con creces los volúmenes que justificaron la anterior salvaguardia aplicada en 2019 sobre 380.000 t. En este contexto, las organizaciones consideran que la nueva cláusula de salvaguardia del arroz en el SPG nace prácticamente inutilizada: solo se activaría con volúmenes todavía más extremos, cuando el daño para el sector europeo sería ya difícilmente reversible.

En paralelo, Farm Europe y Eat Europe valoran que se haya introducido un mecanismo de activación automática, pero advierten de que el reglamento revisado no dota a la UE de una herramienta realmente eficaz frente a perturbaciones de mercado causadas por importaciones masivas desde países con estándares ambientales y sociales más bajos. A su juicio, el régimen “Todo menos armas” (EBA) corre el riesgo de transformarse en un “todo menos arroz” europeo, al no ofrecer una protección real frente a las importaciones procedentes de orígenes asiáticos donde se permiten prácticas y productos no autorizados en la UE.

Las organizaciones subrayan que el mercado europeo del arroz ha cambiado profundamente en la última década. Con una demanda en torno a 2,8M t anuales, la UE podría cubrir sus necesidades mediante una combinación de producción propia e importaciones moderadas. Sin embargo, el equilibrio 60/40 entre arroz europeo e importado ha virado hacia casi un 50/50, en parte por varios años de sequía que redujeron la producción y abrieron la puerta a un flujo creciente de arroz de bajo coste y libre de aranceles. Incluso en 2025, año de buena cosecha en Europa, las importaciones se han mantenido en niveles récord, desplazando al arroz comunitario de su propio mercado y presionando especialmente a las variedades premium, cuyos precios han caído alrededor de un 35 % respecto al año anterior.

El sector critica que, tras cuatro años de negociación, la definición de “situación excepcional” se haya construido sobre estas cifras infladas de importación. Considera que la nueva salvaguardia ignora las reivindicaciones históricas de los productores y procesadores, y que la Presidencia danesa y la Comisión limitaron el debate a un mero regateo sobre volúmenes, sin entrar en cuestiones de fondo como la duración de la medida una vez activada o la introducción de mecanismos automáticos para evitar prácticas de elusión. Farm Europe y Eat Europe alertan de que, sin una salvaguardia automática verdaderamente operativa, el incremento descontrolado de importaciones observado desde 2009 podría intensificarse con futuros acuerdos comerciales, como los que la UE negocia con India o el propio Mercosur, que prevén contingentes adicionales con derechos reducidos de hasta 60.000 t.

En este escenario, la cadena de valor del arroz europeo teme que, si se mantiene la tendencia actual, los productores comunitarios terminen siendo expulsados de su propio mercado, con una reducción de las superficies cultivadas y un perjuicio financiero duradero. Organizaciones como UPA recuerdan que la UE es deficitaria en arroz y cuestionan que se sigan facilitando importaciones de orígenes con menores exigencias en sostenibilidad, calidad y seguridad alimentaria, donde además se emplean fitosanitarios prohibidos en Europa. También reclaman una normativa más estricta sobre el etiquetado del origen, para que el consumidor pueda identificar claramente el país de procedencia del arroz que compra.

Ante el preacuerdo alcanzado, las organizaciones sectoriales estudian nuevas acciones y apelan a los eurodiputados –especialmente a los miembros de la Comisión de Comercio Internacional– para que tengan en cuenta el impacto de este mecanismo cuando se pronuncien sobre la reforma del SPG y sobre las cláusulas de salvaguardia vinculadas a futuros acuerdos comerciales. Consideran que la revisión del reglamento debería haber servido para construir un marco de defensa comercial más robusto para los productos agrarios sensibles y, en particular, para el arroz europeo, al que ven insuficientemente protegido por el compromiso político finalmente cerrado.