La Unió Llauradora ha solicitado a la Conselleria de Agricultura de la Comunitat Valenciana que elabore un estudio sobre los costes actuales de producción de la uva de vinificación. La organización considera que este documento es esencial para respaldar posibles denuncias ante la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) por incumplimientos de la Ley de la Cadena Alimentaria, en un contexto de precios a la baja que afecta a los viticultores.

Según la organización, la Ley de la Cadena es el único instrumento disponible para defender los intereses de los productores frente a los abusos de la distribución comercial, siempre que las reclamaciones estén avaladas por datos oficiales.

La vendimia ya está en marcha en la mayor parte de zonas productoras de la Comunitat Valenciana con una previsión de descenso de más del 20% en la cosecha. La calidad de la uva es buena, gracias en parte a las lluvias registradas durante la campaña, que permitieron recuperar viñedos dañados por sequías anteriores. Sin embargo, la producción se ha visto reducida por el impacto de pedriscos y sucesivas olas de calor.

La Unió esperaba que el descenso productivo en España y en la Comunitat Valenciana contribuyese a una recuperación de las cotizaciones, tras varias campañas ruinosas para los viticultores. Esta expectativa era especialmente elevada para las uvas tintas, que arrastran graves problemas de rentabilidad, mientras que en el caso de las uvas blancas se confiaba en que los precios al menos se mantuvieran en niveles similares a los de la pasada campaña.

El escenario final ha sido muy distinto. Las uvas tintas se pagan a una media de 0,20 €/kg, prácticamente igual que en la campaña anterior, marcada por la sequía. Las uvas blancas, destinadas mayoritariamente a cava, han pasado de entre 1 y 1,20 €/kg el pasado año a situarse entre 0,45 y 0,55 €/kg en la actual. Todo ello ocurre con un 3% menos de existencias de vino en bodega que al inicio de la pasada campaña.

Desde la organización se denuncia que las cotizaciones son ruinosas, comparables a las de los años 80, en un momento en el que los costes de producción siguen aumentando y en el que los viticultores afrontan menos cosecha, uva de gran calidad y menores existencias de vino almacenado.

La Unió también recuerda que el sector continúa a la espera de que se desarrolle la Ley de Prevención de las Pérdidas y Desperdicio Alimentario, que preveía ayudas directas y excepcionales en un plazo máximo de dos meses para los sectores del viñedo y el olivar. Denuncian que ya se ha superado ese plazo sin que exista previsión de publicación de estas ayudas, destinadas a compensar las pérdidas provocadas por la guerra de Ucrania y la sequía.