El ministro de Agricultura ha destacado la unidad de acción con la que España acudirá al próximo Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, previsto para los días 22 y 23 de septiembre en Bruselas. Tras recabar el apoyo unánime de las comunidades autónomas, el Gobierno defenderá un presupuesto adecuado y una personalidad propia para la Política Agraria Común (PAC) frente a la propuesta de la Comisión Europea que plantea su integración en un fondo único.

El Ministerio de Agricultura considera que la propuesta comunitaria diluye la autonomía de estas políticas y reduce su capacidad para responder a las necesidades reales del sector primario. España mantendrá, según el ministro, una actitud dialogante pero firme a lo largo de las negociaciones que se prolongarán hasta 2027, con el objetivo de garantizar que la futura PAC continúe siendo una herramienta eficaz para la estabilidad y sostenibilidad del sector agrario.

Postura de las comunidades autónomas

Las comunidades autónomas han expresado de manera clara su rechazo a la propuesta de la Comisión Europea, aunque con matices en sus planteamientos.

Castilla y León defiende una PAC con un presupuesto fuerte que mantenga sus dos pilares, apostando por el relevo generacional y los agricultores profesionales. Se opone a la reducción presupuestaria, a la degresividad en las ayudas y a la creación de un fondo único.

Andalucía rechaza la desaparición de los dos pilares, advierte que una PAC de “27 velocidades” generaría desigualdades y alerta de que, al integrarse en un fondo único, las prioridades rurales y agrícolas perderían visibilidad en el debate europeo.

Aragón advierte del riesgo de que los fondos agrícolas queden diluidos en un saco común y se destinen a otras necesidades, rompiendo la unidad de la PAC mantenida desde 1962.

Extremadura muestra un rechazo frontal a la reforma al considerar que no asegura la rentabilidad de las explotaciones ni mantiene el modelo de dos pilares que ha demostrado ser exitoso en el desarrollo rural.

Castilla-La Mancha se opone a la eliminación del Pilar 2 y a que la PAC deje de ser un capítulo de gasto independiente. Defiende que, de perderse este pilar, peligran medidas clave como la modernización de explotaciones, la incorporación de jóvenes y los programas agroalimentarios.

Cantabria califica de “inaceptable” una reducción presupuestaria del 15-22 % en los fondos PAC y pide a la Comisión que retire el actual reglamento para iniciar una nueva propuesta desde cero.

La Comunitat Valenciana advierte de que la reforma pondría en riesgo 52 M€ anuales en ayudas y afectaría a 28.000 agricultores, además de comprometer el futuro de 300.000 hectáreas de cultivo, el 60 % de la superficie actual.

La Región de Murcia, en contraste con la mayoría, se muestra a favor de un fondo único siempre que cuente con un presupuesto suficiente y adaptado a la inflación, que permita garantizar el relevo generacional, la seguridad alimentaria y la modernización del campo.

El País Vasco defiende que la PAC mantenga presupuesto propio y rechaza que compita por fondos con políticas de cohesión o transición, sin establecer prioridades claras.

La Rioja rechaza la propuesta por el recorte de más del 20 % previsto para el próximo periodo, la pérdida de autonomía financiera al integrarse en un fondo común y la eliminación del modelo de dos pilares, que considera esenciales como instrumentos de estabilidad y desarrollo rural.

Las Islas Baleares también se oponen a la propuesta, al considerar que incluye recortes importantes y que el modelo diluye los fondos al dejar de ser finalistas, lo que permitiría destinarlos a políticas no agrarias y supondría tanto un recorte adicional como el desmembramiento de la PAC.

En conjunto, la posición española refleja un frente común en defensa de una PAC con financiación propia, aunque con diferencias en el enfoque sobre la gestión de fondos, de cara a unas negociaciones que se extenderán hasta el cierre definitivo del marco financiero en 2027.